El Senado colombiano aprobó que, en junio, se decidirá cuándo los ciudadanos irán a las urnas para votar una consulta – supuestamente – anticorrupción.

Es sorprendente cómo un país entero pierde tiempo, dinero y energía en pañitos de agua tibia. La corrupción es un problema real, grave, en Colombia. Pero el mero rechazo no es suficiente para acabarlo. Nos podemos sentir indignados, pero precisamente por eso debería estarse estudiando el tema a profundidad, sin pre-conceptos y encontrar así sus causas, así como sus posibles soluciones.

Los ciudadanos, más de cinco millones de ellos, firmaron apoyando la que será la Consulta Anticorrupción. Los políticos, mayoritariamente, le dieron su respaldo.

Pasa el tiempo, avanza el tema y es impresionante – indignante, esto sí – que nadie esté cuestionando el inocuo ejercicio al que nos enfrentaremos. El país está adormilado, hipnotizado por la creencia común, pero no por eso ni cierta ni efectiva, de que los problemas se resuelven diciendo que queremos acabarlos y haciendo algo, lo que sea, para supuestamente atacarlos.

Sin embargo, no cualquier cosa que se haga sirve para resolver los problemas. Incluso, existen decisiones que pueden agravarlos. La consulta anticorrupción – que igual es posible que tenga millones de votos – tiene algo de esto y mucho de inútil. Los colombianos parecen creer que los corruptos dejarán de serlo por decisión de las mayorías…

Veamos el contenido de lo que se preguntará a los ciudadanos. Serán siete preguntas a las que el ciudadano responderá Sí o No. Ahora bien, como están redactadas es muy difícil contestar No (aunque en Colombia todo puede pasar).

Dentro de lo que se propone hacer para enfrentar la corrupción que puede preverse será inútil están varias de las preguntas: 1. Pliegos tipo para contratación estatal. 2. Rendición de cuentas de congresistas. 3. Publicación, por parte de políticos elegidos, de sus ingresos, declaraciones de renta, incompatibilidades y conflictos de interés. 4. Máximo tres periodos en corporaciones de elección popular.

¿Acaso se cree que los pliegos, así sean estandarizados, no pueden manipularse de otras maneras? Por ejemplo, dando información privilegiada sobre la forma de redactar las propuestas. Del lado de las rendiciones de cuentas y de la publicación de información financiera, no se puede ser tan ingenuo como para pensar que existe alguna forma de controlar la transparencia, en cualquier caso.

En Colombia a diario hay escándalos de todo tipo (la mayoría que involucran corrupción) y la mayoría de veces la información es desmentida por diversas fuentes que, al final, nunca sabemos cuál es la cierta y cuál no. ¿No van a utilizar esos mismos mecanismos en estos casos? Algunos candidatos y ministros han presentado sus declaraciones de renta, pero siempre aparecen rumores sobre faltantes o sobrantes en las mismas. Igual, nunca pasa nada….porque presentar el papel no quiere decir que la información sea transparente.

Respecto del número máximo de reelecciones en cuerpos colegiados, pareciera que quienes creen en la utilidad de esta medida no vivieran en Colombia. Congresistas que están en la cárcel (incluso por paramilitarismo), por ejemplo, se hacen elegir por interpuesta persona: sus esposas, hijos, hermanos, sobrinos, amigos, se presentan en las siguientes elecciones. Esto no va a cambiar porque digan que, ahora, ya no pueden permanecer sino 3 o 2 o 1 periodos.

Con un agravante: la limitación podría llevar a un cambio en la expectativa de ingresos, producto de la corrupción y para el que quiere enriquecerse en el cargo puede darle una señal de cuándo finalizará su “cuarto de hora”. Esto en lugar de acabar con la corrupción, podría estimularla y llevarla a niveles muchos mayores.

Pero en la consulta no solo hay medidas inútiles. También hay dos graves: 1. Reducción de salarios a congresistas. 2. Participación ciudadana en presupuestos y demás decisiones de finanzas públicas.

Lo políticamente correcto. No nos gusta que los políticos, a los que vemos como parásitos (porque lo son), ganen tanto. Pero eso no quiere decir que, bajándoles el sueldo, vayan a dejar de robarse la plata. Más bien, todo lo contrario, puede pasar. Si ganando tanto roban, ¿no será peor si ahora ni ganan bien?

Del lado de la participación ciudadana, si las decisiones de gasto se toman por mayoría, eso no implica que el gasto deje de ejecutarse beneficiando a unos pocos o con las mismas prácticas corruptas. Más bien, puede estimularse, de manera grave, comportamientos oportunistas de ciertos grupos de ciudadanos que verán en esos ejercicios una oportunidad de captar rentas. Es estimular un “todos contra todos”.

El ciudadano de a pie, el que trabaja, al que le quitan una parte importante de sus ingresos, el empresario que produce lo que la gente consume, ellos no participarán en esos ejercicios. No hay que dejarse engañar. No hay que engañarse uno mismo. Eso es solo beneficiar a los buscadores de rentas.

Un último punto, el de que los corruptos paguen cárcel, se les finalicen los contratos y que no sean indemnizados por ello, es una medida, como mínimo absurda. Absurda no porque se apruebe, sino porque no exista: ¿en Colombia actualmente a los que se les ha comprobado la corrupción pueden no pagar cárcel? ¿Siguen ejecutando los contratos? ¿Se les indemniza si el contrato no se ejecuta? Eso sí sería el absurdo del estado de cosas.

Estado de cosas que no es sino el reflejo de la realidad institucional del país; realidad que, a su vez, es la promotora, generadora, facilitadora y causante de los problemas de corrupción. Desde las mismas ideas, la gente cree que un Estado que “gaste” es un Estado presente. La gente justifica que el Estado tenga miles de funciones.

La gente cree que el Estado es la fuente de movilidad social. El Estado que conocemos, gigante, gastador y ladrón (porque nos quita a los que sí hacemos algo que beneficia a los demás), tiene que ser un Estado que promueve comportamientos corruptos en los que viven de él.

Pero como en el fondo muchos quisieran tener su “cuarto de hora”, prefieren las fórmulas facilistas, superficiales, pero políticamente correctas. Así, cuando no funcionen o agraven el fenómeno, se puede culpar a la falta de ética del corrupto de turno.

Fuente: Panampost