La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, concretó ayer su ruptura definitiva con el Gobierno de Nicolás Maduro. Lo hizo a través de un nuevo recurso legal, y contrapuso a las amenazas del “chavismo” sus propias amenazas.

Dejó abiertas las posibilidades de varios juicios penales, y lanzó una serie de mensajes claves (en mi parecer, siete, en concreto) que bien merecen un análisis detallado y una interpretación de consecuencias, que siguen a continuación.

1) La convocatoria es ilegal

En su “recurso contencioso electoral de nulidad conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada de suspensión de todos los efectos de la Constituyente” (un nombre largo) la fiscal general señala como principal razón para introducirlo que pide “la decisión pública hecha por la presidenta del Consejo Nacional Electoral en la que informó que iniciaría la fase de postulación de candidaturas a la Asamblea Nacional Constituyente” porque, como ha denunciado el único directivo disidente del CNE, Luis Emilio Rondón (y cita Ortega en su declaración), la presidenta está anunciando los pasos para la Constituyente sin que los mismos sean aprobados por el directorio del Consejo. Exige Ortega que le muestren las Gacetas Oficiales (que evidentemente no existen) sobre esas decisiones.

Señala la fiscal, igualmente, que “el decreto presidencial no cumple con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”.

En resumen, Tibisay Lucena está tomando decisiones sin aprobación del directorio del Consejo Electoral, y Maduro se está arrogando el poder del pueblo.

Es decir, tanto Nicolás Maduro como Tibisay Lucena, dice Ortega Díaz sin decirlo, están violando la Ley; de ahí a la solicitud de un antejuicio de mérito contra ambos solo hay un paso. No hay que desligar esto de una declaración previa de la fiscal: “Yo tengo la capacidad de enjuiciar al presidente de la República”.

2) Todos pueden adherirse al recurso presentado

Para concluir su intervención, Ortega Díaz indica que “yo pido a todos los habitantes del país que rechacen la Constituyente, y que acudan al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Electoral, piso 4, a hacerse parte como terceros interesados. Ustedes ciudadanos todos, que están en desacuerdo con esa Constituyente, pueden acudir al Tribunal Supremo de Justicia a hacerse parte y rechazar tal convocatoria”.

Que el Gobierno tiene pánico a esto acaba de quedar demostrado hoy en la mañana: Todos los accesos al Tribunal Supremo de Justicia están cerrados por la Guardia Nacional como si se temieran una invasión. Queda claro que para un Gobierno tiránico, como bien señalaba Vaclav Havel, que se le pida que cumpla con las Leyes, o que diga la verdad, termina siendo un acto revolucionario.

Mucho se afirmaba que al Gobierno de Maduro le quedaba apenas un municipio de los 330 que componen Venezuela; ahora le queda menos que eso. Le queda el Palacio presidencial, el Fuerte Tiuna (fuerte militar de Caracas) y la sede del Supremo.

3) El Gobierno le teme al pueblo

La fiscal señaló que lamentaba que el Tribunal Supremo de Justicia no explicara al país las razones para tomar la decisión en la que declara ilégitima su solicitud de recurso de interpretación de la Constitución; “yo creo que el pueblo merecía esta aclaratoria, el pueblo al cual nos debemos todos los ciudadanos, merecía que le respondieran si todavía estamos en una democracia participativa y protagónica o volvimos a la democracia representativa”.

Y concluye con una frase que vista la reacción hoy en el Supremo, es lapidaria: “El pueblo igualmente necesitaba saber si la soberanía reside intransferiblemente en él, o es que puede ser transferida […] una Constituyente a espaldas del pueblo no puede ser constituyente; en una constituyente tiene que participar el pueblo”.

4) La represión es feroz; la Constituyente es una amenaza

La fiscal considera, cuando analiza la sentencia 441 que desestima su recurso de interpretación, que “el pueblo tiene derecho a saber si hay progresividad en los Derechos Humanos o tenemos que justificar esta feroz represión que estamos viviendo”. En una mujer que cuida tanto sus apariciones públicas, que mide tanto lo que dice, la elección de las palabras no es azarosa.

Además critica el carácter intimidatorio del llamado a Constituyente que el aislado Gobierno de Maduro hace: “hasta ahora los llamados a Constituyente, y ustedes, periodistas, han sido testigos de excepción, han sido llamados violentos. ‘Los vamos a aniquilar con la Constituyente’, ‘los vamos a meter presos’, ‘están obligados a apoyar los constituyente porque si no serán juzgados por traición, serán encarcelados’. Frases agresivas y amenazantes: ‘quienes no acepten la Constituyente son traidores’. ‘Quienes no aceptan la Constituyente son fascistas, o terroristas’ (…) No se puede hacer una Constituyente sobre la base de amenazas”.

Más allá de que la fiscal pone sus barbas en remojo (ella es una de las más amenazadas si la Constituyente llega a concretarse), el hecho de que la convocatoria sea en esos términos termina marcando otro contraste con el Gobierno de Hugo Chávez, quien, especialmente en sus comienzos, gozó casi que de aclamación para convocar a la Constituyente de 1999. Ciertamente, desnuda la Constituyente de Maduro como la última línea de resistencia de un régimen que está destrozado.

5) La “ruptura del orden constitucional” prosigue

La fiscal se queja de que hace dos meses, cuando declaró la “ruptura del orden constitucional”, con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional (declaración que en buena parte detonó la actual crisis), la Sala Constitucional, en la reparación (que Ortega Díaz denomina “maquillaje”) de estas sentencias con otras dos, las 157 y 158, “hubo una aclaratoria inaudita parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, donde señalaban que por qué no solicité la aclaratoria. Decía textualmente que cualquier ciudadano que tenga interés en un proceso judicial, o cualquier autoridad pública, incluyendo, entre otros, la fiscal general de la República, le asiste el derecho de solicitar formalmente la aclaratoria”.

“Es decir, que el maquillaje que le hicieron a las sentencias 155 y 156, hace dos meses, tenía valor la legitimidad de la fiscal para pedir la aclaratoria, pero hoy, dos meses después, la fiscal ya no tiene legitimidad”.

6) Divide al “chavismo ortodoxo” del “madurismo”

La fiscal vuelve a erigirse como defensora principal de lo que ella considera “el mayor legado” de Hugo Chávez: la Constitución de 1999.  “Yo creo que este es uno de los principales legados del presidente Chávez; el chavismo es una corriente del pensamiento, no es un partido político, es una filosofía de vida…” Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no (yo no podría diferir más de ello) la verdad de las cosas es que le abre un boquete a la división que hace Maduro entre “leales y traidores”. Coloca a la cúpula gobernante, por cierto, del lado de los segundos.

Es un mensaje muy poderoso hacia lo interno del chavismo, que algunos en la oposición, con su tradicional cortedad de miras, critican, sin pensar que en una sociedad democrática, y reducido a ser democrático, el chavismo puede, e incluso debe, tener un espacio.

7) Llama a desconocer al régimen

Finalmente, la apelación al artículo 333 de la Constitución tampoco puede ser casual. Lo que está anunciando la fiscal cuando cita este artículo es que si no hay una sentencia que suspenda la Constituyente, sea permanente o cautelarmente (y con ello, incluso, le salve el pescuezo a Maduro, que está corriendo hacia la nada cuando acepta que la Constituyente irá “llueva, truene o relampaguee”, como suele repetir como un ritornello en estos días), se colocará del lado del país que lleva 60 días en resistencia.

El artículo 333, adicionalmente, es un salvoconducto para posibles adhesiones, civiles o militares, que se susciten en el futuro contra la Constituyente: Es constitucional, y coloca, nuevamente, a Maduro y su combo en el lado de los que vulneran la Ley.

¿Qué puede pasar?

Expertos como José Ignacio Hernández dicen que tres cosas: O la Sala Electoral rechaza el recurso de la fiscal (con lo cual abre las puertas de la violencia), o lo acepta, y abre el camino a una negociación política. También podría ocurrir que la Sala Constitucional le tome el caso a la Electoral y cierre los caminos para dirimir políticamente la situación.

El dilema “Constituyente o Guerra” en el que nos ha colocado Nicolás Maduro bien merece un esfuerzo de los venezolanos para evitarlo. No se puede tomar a la ligera, visto lo visto en estos dos meses largos de protestas, y a pesar de que es el mismo Maduro que cada mes afirma que está a punto de resolver la crisis de abastecimiento, el que dijo que el billete de 100 desaparecería en una semana o el que dijo que ganaría las elecciones del 6 de diciembre de 2015 “como sea”. Es decir, Maduro es un inepto.

Pero como he dicho muchas veces, pretender que los tiranos son lumbreras es desconocer la Historia; suelen ser tipos bastante grises. Como el que mandonea hoy a Venezuela.

FUENTE: PAN AM