La prolongada crisis política por la cual ha pasado Honduras, a raíz del dudoso triunfo del actual presidente, José Octavio Hernández del Partido Nacional, quien se adjudicó la victoria por un mínimo margen en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 26 de noviembre, logro objetado por su principal contendor Salvador Nasralla Salum candidato de la Alianza de Oposición a la Dictadura,  y que obligó a un recuento y a que finalmente el Tribunal Supremo Electoral hondureño le diera la victoria al oficialismo,  pone de manifiesto, una vez más, la difícil situación  que muchos países de América Latina viven hoy día y que está en el origen de la inestabilidad de parte de la región. Esto es, el profundo resquebrajamiento institucional que la aqueja.

Las casi dos semanas de incertidumbre y violencia política que ha experimentado la nación centroamericana -con suspensión de garantías constitucionales, toque de queda,  militarización,  manifestaciones, saqueos y actos vandálicos incluidos- dan cuenta de la tensa situación que resulta de la indudable manipulación que desde las esferas del Ejecutivo se efectuó.

No importa el tinte ideológico que tienen los presidentes en ejercicio cuando deciden manipular en su beneficio a las instituciones con el único fin de perpetuarse en el poder. Hoy día Honduras tiene un presidente recién reelegido que se ubica ideológicamente en la derecha del espectro político; pero igual ocurrió hace casi una década con Manuel Zelaya, quien representaba a intereses de la izquierda latinoamericana, del  castrochavismo neocomunista del siglo XXI para ser más precisos,  y que en los actuales comicios apoyó a Nasralla, el llamado  “Señor de la televisión”. Incluso, muchos hondureños consideran a éste como un simple títere del expresidente Zelaya

No es para nadie desconocido que el inicio de esta tensa situación se ubicó desde que el presidente Juan Orlando Hernández anunció que iba a buscar la reelección. Los presidentes hondureños tenían proscrito buscar un segundo mandato hasta que un fallo de la Corte Suprema levantó la prohibición constitucional en 2015, lo que provocó el enojo de los opositores. Es importante acotar que esa reforma constitucional estuvo en el origen del golpe de Estado contra el expresidente Zelaya en 2008.

Pero Honduras no es el único caso en América Latina. Muchos presidentes tienden a secuestrar o manipular las instituciones para su beneficio o permanencia en el poder. A pesar de las muchas décadas de vida republicana, tal pareciera que la región, o muchos de sus países, adolecen de debilidad institucional que los lleva a la no separación de poderes, requisito necesario para una sana convivencia democrática.

Conocidos son los casos de Venezuela y Nicaragua donde desde el Ejecutivo se presiona y maniobra los organismos electorales con el fin de modificar las decisiones de las elecciones con  triquiñuelas difíciles de probar, que van desde el doble voto, compra y coacción a los votantes, condicionamiento de los programas sociales, hasta usurpación de identidad y manipulación de los programas electrónicos.

En Ecuador, en los comicios de abril de 2017, el candidato oficialista Lenin Moreno apoyado en su momento por el expresidente Rafael Correa, fue declarado ganador, aunque su rival, Guillermo Lasso, pidió recuento de votos por las numerosas irregularidades en miles de actas que no fueron subsanadas.

En muchos procesos electorales se ha llegado hasta los apagones de luz en las propias sedes de los poderes electorales, como ocurrió también en Ecuador y recientemente en Honduras; o la migración de última hora de los centros electorales para confundir y desanimar al elector, como en Nicaragua y Venezuela.

Detrás de todas estas modalidades de fraude electoral lo que subyace es la debilidad institucional que muchos países detentan y que lleva al desánimo, cuando no al hastío, de muchos electores que se sienten defraudados por los resultados que trastocan los esfuerzos electorales y que son boicoteadas por los organismos que deberían velar por la transparencia y pulcritud del voto, verdadera esencia de la democracia.

Ahora en Honduras lo que se perfila es la profundización de la crisis política. Para nada esta se ha resuelto. La población quedó polarizada y defraudada. La mayoría no creen ni en los líderes del gobierno ni en los de la oposición; tampoco en sus partidos ni mucho menos en el poder electoral. Como bien dijo Joaquín Mejía, abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), según el más reciente sondeo de opinión pública de este instituto el 77,1 % de la población no confía en el Tribunal Electoral. En su opinión,  “solo una revisión “acta por acta” desde que se produjo el apagón informático en el tribunal electoral durante el recuento puede abrir la puerta a zanjar la crisis en Hondura”.

No obstante, aunque se llegara a realizar esa revisión, cosa difícil dado el  control total que ejerce el partido de gobierno en el poder de ésta y otras  instituciones,  los flagelos de la antipolítica y la desconfianza de todas maneras se mantendrían. Y estos, cabe recordar,  son dos de los más nefastos para la salud de las democracias latinoamericanas.

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