Luego de conocer la decisión por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga al presidente del Senado enviar el inexistente acto legislativo a la presidencia para su posterior publicación, el presidente de la Cámara de Representantes afirmó agotar instancias internacionales para preservar el Estado de derecho en Colombia. De acuerdo con Rodrigo Lara, se pedirá medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que la justicia respete las decisiones del Congreso sobre el proyecto de las 16 curules especiales de paz.

A raíz de la insistencia y la presión por parte del Gobierno y sectores afines sobre la publicación del texto legislativo, Lara comentó que el fin de la medida cautelar es para proteger a los congresistas que han “protegido valientemente” el Estado de derecho. Asimismo, sostuvo que la acción judicial se hará a través del jurista Francisco Barbosa.

También dijo que no firmará el texto legislativo, así lo manifestó este martes 19 de diciembre, argumentando la existencia de una flagrante violación al principio de separación de poderes. “Por acción de cumplimiento no se puede obligar al Congreso a darle vida jurídica a una norma que nunca existió” dice.

Por otra parte, el congresista señaló que las opiniones de los parlamentarios y las decisiones políticas de la plenaria gozan de inviolabilidad. Así como los jueces gozan de inviolabilidad en el ejercicio de su jurisdicción. Y agregó, “Sin separación de poderes no puede haber democracia. No permitiremos que arrodillen a la rama legislativa.”

Contra el posible desacato que podría incurrir el presidente del Senado, Efraín Cepeda, Lara explico que el presidente de la respectiva cámara es juez e intérprete del reglamento. La apelación de sus decisiones se surte en la plenaria y no por fuera a través de vías judiciales. Cabe destacar que la Corte Constitucional se pronunció sobre las circunscripciones manifestando que era imposible realizar el control automático de constitucionalidad sobre el acto legislativo ya que este no había nacido a la vida jurídica.

“Los actos políticos del Congreso de la República no están sujetos al control de legalidad de los jueces. La única excepción al principio de soberanía parlamentaria es el control de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional”, esgrimió Lara.

Por su parte, el abogado Francisco Barbosa, señaló que una cosa es el acuerdo de paz y los beneficios que trae consigo como las 16 curules para las víctimas y por otro lado es pretender ratificar estas medidas a través de la fuerza. Calificó la acción judicial del Tribunal de Cundinamarca que ordena revivir el acto legislativo como un “sainete violatorio de la división a poderes públicos.” Y fue más allá, “No es normal en un Estado de derecho amenazar con cárcel al presidente del Congreso por no dar como aprobado algo que no existe.”

Tanto el presidente del Senado como el jurista se han mostrado a favor de los acuerdos de paz y las garantías constitucionales que allí se derivan, sin embargo, denuncian la imposición vía judicial que se quiere hacer desconociendo las diferentes ramas del poder público.

De otro lado, el presidente del Senado le solicitó a la Imprenta Nacional que el texto del proyecto sea publicado en la gaceta oficial, pero que esto no significa que se haya aprobado.

Mediante un documento, el Senado exhorta al gerente de la Imprenta Nacional a que publique en la gaceta los anexos del expediente relacionado con la reforma constitucional que buscaba crear las 16 circunscripciones especiales transitorias en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto.

El portal Asuntos Legales señaló que el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, sigue dando la batalla jurídica. Ahora, demandó ante el Consejo de Estado la declaración del presidente del Senado que asegura que el proyecto fue hundido y no se aprobó. La Sección Primera, con ponencia del magistrado Augusto Serrato, admitió el recurso que pretende revivir la reforma constitucional. No obstante, la decisión se conocerá en enero de 2018 luego de terminada la vacancia judicial.

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