Continúa la polémica en Perú tras el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó a Alberto Fujimori; en esta oportunidad el partido opositor Nuevo Perú presentó una acusación constitucional contra la primera ministra Mercedes Aráoz.

La bancada de izquierdista asegura que tanto Aráoz como el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, cometieron “infracciones” y tienen responsabilidad en la resolución que dio origen al indulto humanitario.

La parlamentaria de Nuevo Peru, Indira Huilca, calificó de “irregular e ilegal” el beneficio otorgado al dictador Fujimori, pues se habría dado como consecuencia de una negociación para evitar la vacancia del actual mandatario peruano.

Por su parte Aráoz reiteró que nunca hubo una negociación sobre el indulto para evitar la vacancia y aseveró que la decisión fue del presidente; lamentó además que Nuevo Perú presente una denuncia constitucional contra ella.

PPK dio el indulto tres días después de que una facción del fujimorismo, liderada por Kenji Fujimori, se abstuviera en la votación del pedido de destitución.

Huilca recordó que Mendoza y Aráoz merecen sanciones políticas luego de que ambos ministros declararan previamente y públicamente que “este indulto no existía”.

La solicitud con el pedido de acusación constitucional fue presentada pocas horas después de que Aráoz y Mendoza fueran ratificados en sus cargos por PPK, quien remodeló este martes 9 de enero su gabinete de ministros, al que ha denominado “de la reconciliación”.

El nuevo gabinete de Kuczynski se produce tras el anuncio de cambios en su Gobierno en medio de la crisis política generada por el caso Odebrecht y su decisión de indultar, el pasado 24 de diciembre a Fujimori.

Ahora el nuevo Ejecutivo, según indica la ley, tendrá un máximo plazo de un mes para pedir una votación de confianza del Congreso.

Indulto podría quedar sin efecto

La Sala Penal Nacional (SPN) podría dejar sin efecto el derecho de gracia a Fujimori por falta de fundamentos o motivos que lo sustenten.

El presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez anunció que el próximo 26 de enero se evaluará el proceso judicial que se inició contra Fujimori por la ejecución extrajudicial de seis personas en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca.

El abogado penalista Carlos Caro, dijo al Canal N que “podría eventualmente inaplicar la resolución del presidente, dejarla sin efecto por falta de motivación, porque no se ha motivado en qué consiste la gracia presidencial”.

En el caso del indulto, las razones humanitarias se sostienen en que el expresidente indultado se encuentra enfermo y las condiciones de encierro tendrían consecuencias en su salud, pero en el caso de Pativilca no se ha dicho nada.

“La resolución del presidente Kuczynski lo ha excluido del proceso, sin señalar por qué razones corresponde esa exclusión. No hay una línea de motivación, de las razones por las cuales correspondería otorgarle el derecho de gracia durante el proceso”, agregó.

Por otro lado, el abogado dijo que el plazo de 24 meses de prescripción que no ha transcurrido desde que Fujimori fue incorporado al proceso (desde marzo del 2017) no es un argumento sólido.

CIDH evaluará indulto

A pesar de que PPK afirmó que su gobierno ya pasó por su “peor momento”, aún quedan consecuencias de su decisión sobretodo a nivel internacional, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará una audiencia para analizar el beneficio que se le otorgó al dictador acusado por crímenes de lesa humanidad.

El indulto eximió a Fujimori de cumplir el total de su sentencia y también estableció que no puede ser procesado por otras acusaciones, por lo que el caso fue llevado ante la CIDH por víctimas y organizaciones civiles.

El pasado 8 de enero Fujimori señaló que el abogado Miguel Pérez Arroyo será su portavoz frente a la audiencia internacional que se realizará el 2 de febrero.

Y es que el 28 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el indulto “no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica”.

Los familiares de las víctimas de los crímenes mencionados expondrán sus alegatos, mientras que al Estado peruano lo representará un procurador. Tras ello, la Corte Interamericana emitirá una resolución de cumplimiento obligatorio.

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