Sobrecostos en alimentos para los niños menos favorecidos y alcaldes locales que se enriquecen de un día para el otro son algunos de los hechos más recientes y que demuestran la relevancia que el tema de la corrupción ha tomado en los últimos años en Colombia.

Algunos consideran que tantas noticias se deben a que este fenómeno se ha empeorado de manera reciente. Podría ser. Al fin y al cabo, el gobierno colombiano no solo es más grande, sino más rico que nunca antes. Según datos del Banco Mundial, el gasto total del gobierno como porcentaje del producto interno bruto (% PIB) pasó del 19% en 1998 a casi un 28% en 2015. El gasto estatal en educación (% PIB) pasó de 1,75% en 1979 a un 4,49% en 2015. Por su parte, los ingresos han crecido de manera semejante. Del lado de los tributarios, en 1998, el gobierno recaudaba casi un 14% del PIB, mientras que en 2015 lo hacía al nivel del 15,09%. Como es evidente, lo que recauda el gobierno no es suficiente para pagar sus gastos: el total de la deuda del gobierno central pasó de un 5,40% del PIB en 1998, a un 67% en 2015. Desde 2008, la deuda no ha sido en ningún año inferior al 60%. Estas proporciones, no hay que olvidarlo, están basadas en una economía cada vez más grande.

Pero los anteriores datos solo muestran que el gobierno colombiano es más gastador porque es más rico (aunque esa riqueza, claramente sea al debe). No demuestran que la corrupción sea peor. De hecho, otros datos parecen matizar esa idea. En los datos del Banco Mundial se encuentra una medida del porcentaje de empresas que son sobornadas al menos una vez: el dato en 2006 era de un 3,5% y pasó a ubicarse en el 2,2% en 2010 (únicos datos disponibles). En los informes de percepción de corrupción, si bien Colombia se ubica cada vez en puestos más bajos, lo que indicaría mayor corrupción, el cambio puede deberse a la inclusión de más países en la medición. El país no ha empeorado de manera grave su puntaje y su ubicación sigue estando en el mismo quintil.

Lo anterior no quiere decir que en Colombia no haya corrupción. Sí la hay. Y mucha. Pero parece no existir la evidencia suficiente para afirmar que ésta sea un problema reciente. Al contrario, parece ser histórico.

¿A qué se debe esto?

La respuesta fácil puede ser la cuestión cultural. Sin embargo, esta respuesta, tan usada en todas las cuestiones posibles, no nos permite entender por qué si la corrupción es una cuestión de la cultura colombiana, muchos colombianos que viven fuera del país no participan en actos de corrupción (incluso siendo políticos en ejercicio en países como Estados Unidos, por ejemplo). Por otro lado, esta aproximación no explica por qué la indignación actual en contra de la corrupción ni por qué muchos ciudadanos deciden no participar, sino denunciar, los actos corruptos.

La cosa parece ir, más bien, del lado de los incentivos y limitaciones a la actuación. Es decir, de las instituciones existentes. Creo que pueden demostrarse dos expresiones.

De un lado, está la noción que existe sobre lo que es el Estado. No solo en Colombia se considera el Estado como algo necesario, positivo y cuyas funciones deben ser ilimitadas. Esta visión es resultado de algo más grave: el Estado se concibe como el único medio de movilidad social (de ascenso social). Esto es lo que refleja en últimas el que se considere necesario el intervencionismo y paternalismo estatales. Muchos consideran que la única forma de superar la pobreza – o la única legítima – es por medio de la acción gubernamental.

Pero esto tiene otra expresión; en Colombia, acceder a un trabajo con el Estado no solo da estatus, sino es visto como una fuente de mayores ingresos. Un empresario nunca será tan bien percibido como un funcionario. La gente considera que ellos son más inteligentes, más preparados y, claro está, mejor “acomodados”. Ni hablar de políticos: he visto cómo los políticos más criticados, incluso los corruptos, son recibidos como reyes, como “doctores”, en diferentes escenarios.

Ahí está el caso del expresidente Ernesto Samper, una persona que llegó al gobierno con una campaña financiada con dinero del cartel de Cali. Si bien nunca se demostró que él directamente estuvo implicado, sí se demostró que el dinero existió. Esto tendría que justificar, como mínimo, una sanción social. Pero no, el señor es entrevistado constantemente, participa en foros y sigue recibiendo los honores que cualquier expresidente recibe.

Del otro lado, una segunda expresión institucional es que no existen limitaciones a la acción estatal. En Colombia nadie cuestiona la idea según la cual todo lo que apruebe el legislativo es ley y, por lo tanto, legítimo. En Colombia es más importante la estabilidad de quiénes están en el cargo que la calidad de lo que hacen o que las implicaciones de sus decisiones. Ernesto Samper, a pesar de los sucesos que cada día se conocían, terminó su mandato de cuatro años porque quiso, sin que nadie pudiese hacer nada. Un funcionario que logre acceder a la carrera administrativa sabe que no importa que haga, nunca podrá ser retirado.

Así tomen las peores decisiones o generen problemas graves a la sociedad, los políticos saben que eso no importa. Lo peor que puede pasarles es que pasen unos pocos años en una cárcel, en unas muy cómodas condiciones, y mientras tanto se hacen elegir por interpuesta persona (amigos o familiares) y, cuando salgan, podrán volverse a presentar. Al fin y al cabo, son políticos, son “doctores”, y todo el mundo los admirará. Incluso, por su “viveza” para quedarse con los recursos que nos quitaron a todos.

El Estado es visto como un botín y cada uno espera su turno para disfrutarlo. Por esto, la corrupción es un problema histórico. Por eso, seguirá presente hasta que no cambien las ideas que han consolidado estas prácticas como las adecuadas para acceder a –y mantenerse en –  el poder.

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