El pasado martes 23 de enero se concentraron en Durazno (centro de Uruguay) miles de productores rurales exigiendo, entre otras medidas, alivio impositivo al sector por parte del Gobierno.

Los altos costos de productividad y una competitividad entorpecida impulsaron a representantes del área agropecuaria a organizar una manifestación sin consignas político-partidarias, bajo el lema “Un Solo Uruguay”.

La crisis del agro era más que predecible. Primero, el atraso cambiario causó un aumento de costos en dólares intransmisible; y el aumento de impuestos terminó por paralizar al sector, ya harto de regulaciones que generan, por su parte, gastos adicionales.

Además, el precio del combustible se traduce en un incluso más alto costo de producción —es necesario acotar que, según la GPP (Global Petrol Prices) Uruguay tiene el combustible más caro de la región—.

La movilización de productores rurales es por demás bienvenida, independientemente del grado de acuerdo o desacuerdo que se pueda tener con cada uno de los puntos de la proclama. Sirve, en todo caso, para abrir los ojos de una clase urbana adormecida e indiferente a las penurias del campo, actitud un tanto irónica en un país netamente agrodependiente.

La reacción del oficialismo (y acá se incluyen gobernantes y simpatizantes) dejó mucho que desear. La izquierda, otrora defensora del productor y trabajador rural y acérrima promotora de las manifestaciones populares, se limitó a minimizar (o bien ridiculizar) una movilización pertinente; que realizó un reclamo completo y en buen tono, algo digno de subrayar en tiempos en los que la agresión y la vulgaridad abundan en declaraciones de cualquier tipo.

Militantes y simpatizantes de izquierda se mofaron del acto especulando sobre el número de asistentes, quitándole validez a través de sus propias estimaciones.

Lo cierto es que el número de asistentes es relativamente irrelevante, particularmente teniendo en cuenta que Uruguay es un país de tres millones de habitantes, y que el evento se realizó en el centro del país (haciéndolo ya inaccesible para muchos) y en pleno verano. Desde este punto de vista, la movilización de los “autoconvocados”, tal como eligieron denominarse los productores, fue exitosa —y mucho—.

La protesta, calificada de masiva por medios del extranjero, hubiese sido válida incluso sin público, puesto que nos referimos al motor de la economía uruguaya.

Por otro lado, los tímidos tintes liberales de la proclama merecen una (feliz) mención aparte. En lo que bien podría recordarnos a la esencia del laissez faire, los productores criticaron un Estado “pesado e ineficiente” y clamaron por políticas “austeras” y reducción de publicidad estatal y empleados públicos. Sugirieron, asimismo, “mantener las políticas sociales, pero hacerlas más eficientes”.

En Uruguay, no pasa seguido que alguien abogue por menos Estado y exhorte a disminuir los gastos. Los discursos de este tipo son, a menudo, tildados de “oligárquicos” y acusados de pretender dar la espalda a las diferentes problemáticas sociales que, dicho sea de paso, no han recibido la atención debida —en Uruguay, unas 330.000 personas viven por debajo de la línea de pobreza, siendo el 48 % menores de 18 años—. Que un grupo de personas independientes se alinee en este sentido es de respetable relevancia.

El conflicto del sector agropecuario probablemente no derive en un cambio rotundo de políticas por parte del Frente Amplio. Es más, no es imposible imaginar que sean absolutamente ignorados, y se acuse a los productores de responder a los intereses de una derecha todopoderosa —incriminación común y sin fundamentos si las hay—. No obstante, la movilización agropecuaria sí puede marcar el comienzo del fin al Gobierno de un partido político que asegura defender los intereses de sus ciudadanos, pero que no hace más que atarlos de pies y manos en cada oportunidad dada.

Fuente: es.panampost.com