El escándalo del pago de sobornos por más de US$11 millones por parte de la multinacional Odebrecht para obtener el contrato de la Ruta del Sol (tramo II) y otros negocios no para.  Este ventilador tocó a miembros del Congreso, funcionarios del Gobierno actual y anterior y todo lo que sale a la luz pública parece no sorprender a los colombianos que se han  acostumbrado a pasar de un hecho vergonzoso a otro.  A finales del año pasado la noticia era la Refinería de Cartagena (Reficar) que le costó al Estado un poco más de US$8000 millones, cuando el presupuesto inicial era US$4000 millones.

Años antes era Saludcoop, la plata del IVA que recobraron ilegalmente y pronto la noticia será la construcción de Bioenergy, planta de etanol de Ecopetrol, que empezó costando US$138 millones, pero que pese a los incumplimientos del contratista -la firma española Isolux-,  tuvo adiciones por US$612 millones, según denunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez.  ¿Cuánto le cuesta esto al país y en especial a los colombianos que pagan impuestos? Las cifras son incalculables y difíciles de estimar, pues como dicen los analistas, los ilegales no llevan las cuentas.  El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, dice que el desangre de la corrupción puede llegar a $50 billones al año. Una cifra que serviría para pagar durante dos años las mesadas de los pensionados del país. Se calcula que en Colombia las empresas pagan en promedio 17 % del valor del contrato para ganar una licitación. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión de las regalías $21 billones al cierre de diciembre del 2016 y la inversión en las vías de Cuarta Generación -$29 billones entre 2014 y 2016, se podría decir que  solo en estas dos grandes apuestas del país se estarían yendo más $ 5 billones a las manos de los corruptos.
Esto sin contar con los recursos que ejecutan las regiones, donde según Julio César Alonso, director del Centro Internacional de Economía y Finanzas -Cienfi- de la Universidad Icesi, no hay un seguimiento a los recursos públicos por la debilidad de los entes de control y su estrecha relación con la política.   La Auditoría General de la República, en su más reciente informe sobre contratación, indica que el 83 % de los contratos en las regiones se  entrega a dedo.

En lo social (vivienda, salud, educación) el país tiene proyectado invertir este año $118 billones y gran parte de este dinero se ejecutará a través de contratos, por lo que los colombianos se preguntan ¿a dónde irán a parar esos dineros?

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