La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó al Gobierno de Evo Morales a cumplir las leyes y a no estigmatizar la labor de los periodistas.

Durante la 73 Asamblea General, la SIP repudió las agresiones contra los reporteros y medios de comunicación y exigió al sistema de Justicia en Bolivia a sancionar a los “responsables”.

“Exhortar al gobierno nacional a cumplir los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta que ofrecen protección al trabajo periodístico, evitando la estigmatización (…) también exhorta a la justicia del país a que sancione de acuerdo al ordenamiento legal vigente, a los responsables de agresiones contra periodistas y medios, estableciendo la reparación de eventuales daños”, se señala en el documento emitido por la SIP.

Por su parte, la ministra de Comunicación de Bolivia, Gisela López Rivas, acusó a la SIP de “usar el noble oficio del periodismo para atacar revoluciones de los pueblos”. A través de su usuario en Twitter, se descargó contra el organismo internacional y no admitió el pedido de proteger al gremio en ese país.

El organismo internacional acusó al Gobierno de Evo Morales, a sus funcionarios y militantes del partido por el “uso del estigma social contra medios y periodistas independientes”.

Según la SIP, esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato. El organismo internacional también informó que los casos más polémicos se suelen dar en Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia considera que las agresiones verbales y físicas contra los periodistas se incrementaron. El último caso se dio por parte de funcionarios de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) contra un reportero de un medio televisivo, quien fue agredido físicamente.

“Hay un incremento en las agresiones verbales y en algunas ocasiones físicas. Aparte, en la vulneración de derechos humanos, se han cometido encarcelamientos y el cierre de medios”, explicó el presidente de la ANP, Marcelo Miralles.

De acuerdo con la ANP, en 2014 se presentaron 23 casos, en 2015 subió la cifra a 28 casos y en 2016 se elevó el número considerablemente a 59 hechos.

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