De la Espriella expide por decreto el Presupuesto 2027 tras histórico error en el Congreso: anunció «ley de rescate»
En alocución oficial, el presidente Abelardo De la Espriella confirmó que la falta de conciliación entre Senado y Cámara impidió culminar el trámite legislativo. El Ejecutivo fijó el monto en $634,9 billones mediante el Decreto 1599 de 2026, mientras que la oposición alista demandas.
Un imprevisto vicio de trámite legislativo obligó al Gobierno nacional a acudir a mecanismos extraordinarios para garantizar los recursos del país. En alocución pública, el presidente Abelardo De la Espriella confirmó que el Presupuesto General de la Nación para el año 2027 será adoptado mediante el Decreto 1599 de 2026, luego de que el Congreso no lograra conciliar a tiempo los textos aprobados en Senado y Cámara de Representantes.
«En mi gobierno los errores se reconocen, se explican y se corrigen, por supuesto, como debe ser; aquí no escondemos nada», afirmó el mandatario durante su intervención. De la Espriella aclaró que «el presupuesto no quedó hundido y el país no se quedó sin recursos para funcionar», catalogando el incidente como un problema de forma, pues el articulado contaba con el respaldo de las mayorías parlamentarias.
Para solucionar los desfases financieros generados por este ajuste, el jefe de Estado anunció que la próxima semana radicará ante el Congreso una «ley de rescate» orientada a atender los principales desafíos presupuestales y fiscales del país.
¿Qué pasó en el Congreso? El error que hundió la conciliación
El trámite del presupuesto concluyó a contrarreloj. El Senado de la República aprobó el proyecto el pasado 19 de octubre, mientras que la Cámara de Representantes hizo lo propio en la madrugada del 20 de octubre.
Para agilizar la votación, la Cámara aprobó en bloques el articulado tal como venía del Senado. Sin embargo, en el artículo 65 —mecanismo que regula las coberturas ante las variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y el dólar— la Cámara incluyó una proposición que previamente había sido retirada en la plenaria del Senado.
Al resultar dos textos jurídicamente distintos, la Constitución exige convocar una comisión de conciliación. La falta de gestión impidió realizar este paso antes de las 12:00 p. m. del 20 de octubre, fecha límite fijada por la ley. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, fue la primera en advertir la inconsistencia legal que invalidó la aprobación legislativa.
¿Quién tuvo la culpa del error legislativo?
Tras el incidente, se desató un cruce de acusaciones sobre las responsabilidades del fallo:
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Desde el Gobierno: Se señaló a los ponentes parlamentarios por haber incluido la proposición en el bloque equivocado de votación.
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Desde el Congreso: Varios legisladores apuntaron hacia el Ministerio de Hacienda, entidad encargada de coordinar y llevar el control técnico de las proposiciones durante el debate. El representante John Edgar Pérez, coordinador ponente, sostuvo que el bloque de proposiciones entregado ya contenía la modificación del polémico artículo 65.
Lo que fija el Decreto 1599 de 2026 y los rubros que se caen
Ante el vencimiento de los términos legales, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1599 de 2026 (publicado en el Diario Oficial 53.666 del 22 de octubre), amparado en el artículo 348 de la Constitución Política y el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
El decreto, firmado por el presidente De la Espriella y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, fija el Presupuesto General de la Nación para 2027 en $634.952.040.871.099 (634,9 billones de pesos).
¿Qué modificaciones se pierden al regir el proyecto inicial?
Al dictarse el presupuesto mediante la norma de primer debate (aprobada el 23 de septiembre por las Comisiones Económicas Conjuntas), se revierten automáticamente los cambios y adiciones pactados durante las plenarias del Congreso:
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Inversión regional: Se reversa el traslado de $8 billones originalmente destinados al pago de deuda que iban a ser redirigidos a regiones.
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Salud y Defensa: Quedan eliminadas las adiciones presupuestales de $3 billones para el sector salud —gestionadas por el senador Andrés Forero— y los $6,4 billones extra que se habían asignado a la fuerza pública.
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JEP y SENA: Quedan sin efecto los recortes proyectados de $11.400 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de $500.000 millones al SENA.
Ajustes de austeridad y reacciones políticas
En su alocución, el jefe de Estado anunció un plan de austeridad en la rama ejecutiva que contempla una reducción de $267.000 millones en el presupuesto de la Presidencia de la República y otras entidades del sector central ($192.000 millones corresponden directamente al DAPRE), además de la cancelación inmediata de 32 contratos de prestación de servicios por $2.200 millones.
Oposición anuncia demandas de inconstitucionalidad
El desenlace del trámite presupuestal generó fuertes críticas de la oposición y el anuncio de acciones judiciales directas:
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Esmeralda Hernández (Senadora Pacto Histórico): Calificó la situación como una «derrota enorme y vergonzosa» derivada del afán del Ejecutivo por imponer el texto sin concertación. «Hay una cadena de errores en la que finalmente el responsable es el Gobierno Nacional, que ni siquiera fue capaz de verificar un trámite básico», puntualizó.
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David Racero (Senador Pacto Histórico): Anunció la radicación de demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 1599, argumentando que las facultades de traslado presupuestal otorgadas en el texto son de competencia exclusiva del Congreso. «¡Las facultades no se decretan!», enfatizó el congresista a través de sus redes oficiales.
Por su parte, desde la Casa de Nariño respaldaron la legalidad del procedimiento, señalando que la herramienta jurídica garantiza la estabilidad financiera del Estado, mientras que el vicepresidente José Manuel Restrepo catalogó la norma como el «presupuesto de la verdad».
