El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ordenó por medio de un decreto publicado en La Gaceta, diario oficial de ese país, a cinco instituciones que vigilen, revisen y sanciones a quienes brinden servicios de transporte “ilegales” como Uber.

En el Artículo 1, Solís ordena a la secretaría de Obras Públicas y Transporte que cumpla con su obligación de “vigilar y sancionar de acuerdo a la Ley de Tránsito” a quien de servicio de transporte remunerado de personas sin contar con las autorizaciones apropiadas.

“En igual sentido, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 7593, el MOPT deberá coordinar con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aquellos casos de prestación no autorizada del servicio público de transporte remunerado de personas, para que pueda establecer los procedimientos administrativos que por ley le corresponden, de conformidad con su marco normativo aplicable”, señala el mencionado artículo.

Luego, en el Artículo 2, Solís pide a la Dirección General de Tributación el “realizar las acciones que por ley correspondan para asegurar que cualquier otra empresa que utilice plataformas digitales para prestar un servicio ilegal de transporte remunerado de personas, se ajusten a las disposiciones tributarias aplicables al efecto”.

Mientras que al sistema de seguridad social le pide en el Artículo 3 que investigue a cualquier empresa que “utilice plataformas digitales para prestar un servicio ilegal de transporte remunerado de personas” si se encuentra al día con sus obligaciones en esa institución.

A la secretaría de Economía se le asignó la responsabilidad de ejercer acciones legales correspondientes en cuanto a las promociones y ofertas de servicios “ilegales” de transporte remunerado de personas, según detalla el Artículo 4 de dicho decreto.

FUENTE PENAMPOST