Para nadie es un secreto que en Venezuela los poderes públicos quedaron subrogados al poder Ejecutivo desde la reforma constitucional chavista de 1999. Todas las actuaciones de los tribunales venezolanos desde ese año han seguido las instrucciones de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro.

Durante años, el mundo fue testigo de la parcialidad y el fraude abierto perpetrado por el poder electoral venezolano. En casos penales, Chávez daba órdenes de arresto desde cadenas televisadas que era prontamente ejecutadas por jueces a su servicio y luego ratificadas por miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que llegaron al extremo de concluir actos públicos gritando a viva voz el lema “Patria, Socialismo o Muerte. Venceremos”.

  • El brazo ejecutor de todos los desmanes judiciales del chavismo ha sido durante más de tres lustros la Fiscalía General de la República, encabezada, en la actualidad, por la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

Fue Luisa Ortega la que dirigió todos los juicios y encarcelamientos de todos y cada uno de los presos políticos venezolanos. Desde el excandidato presidencial Leopoldo López hasta el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, pasando por la jueza María de Lourdes Afiuni, encarcelada por dejar libre a un acusado al que no se le podía probar nada, pero a quien Chávez quería preso.

Es con este telón de fondo que ahora nos presentan Luisa Ortega y Nicolás Maduro esta elaborada obra teatral que presencian los venezolanos apenas horas antes de una reunión crucial para la OEA. Veamos el guion de esta obra:

El día 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia venezolano sentencia la anulación de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, y son asumidas por ese mismo tribunal. Las razones podríamos citarlas, pero para ahorrarle al lector páginas de verborrea con el clásico sintaxis soviético-cubano, remitimos al lector a la página del tribunal www.tsj.gob.ve.

La sentencia tenía el propósito de liberar al gobierno de Maduro para contratar empréstitos en el exterior sin antes obtener la aprobación parlamentaria. Igualmente, el gobierno, presionado por la caída sostenida de la producción petrolera, producto de la destrucción administrativa de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tiene premura en permitir de nuevo que empresas extranjeras operen asociaciones con PDVSA, manteniendo los extranjeros la mayoría accionaria en esas asociaciones. Esto es algo que está expresamente prohibido por legislación aprobada por el entonces parlamento chavista hace casi una década.

Este zarpazo al último vestigio de semblanza democrática en Venezuela fue ejecutado ante la desesperación de Maduro de encontrarse sin fondos a días de enfrentar grandes pagos por deuda externa. Esta situación se agravó además los últimos días por el congelamiento que le realizó Estados Unidos a cuentas controladas por el vicepresidente Tarek El-Aissami, acusado por EE.UU de ser cabecilla de una red de narcotráfico, de US $3.000 millones (cifra confirmada por el Secretario General de la OEA).

FUENTE es.panampost.com