Aumentar el salario mínimo afectó no solo a las empresas privadas, también a las públicas, las cuales no podrán pagarlo. EFE/Prensa Miraflores

Nada conspira más contra el éxito de un programa de ajuste económico que las consecuencias no intencionadas, y tampoco previstas, de una medida cuyas ramificaciones no han sido debidamente evaluadas. Seguramente algún planificador propuso: “vamos a recomponer el salario mínimo a un nivel modesto, pero en línea con el mimo de pobreza extrema que señala el Banco Mundial de USD$1,00 diario”. De ahí debe haber surgido el establecer en BsS. 1.800 el salario mínimo, o USD $30 a la tasa supuestamente anclada a las que arrancaba el soberano. Solo que tomar una medida de corte social como esta sin previa consulta con trabajadores y empleadores, como de paso obliga la ley, a la que en este punto se hace caso omiso, es una imprudencia imperdonable.

Si hubieran consultado con empleadores y trabajadores, en el caso de los primeros se habrían enterado que para muchas empresas, sobre todo pequeñas, el aumento de 3.500 % era impagable, y para todas, el efecto sobre las prestaciones sociales contablemente devastador de sus patrimonios. Por el lado de los trabajadores se hubieran enterado también, que el Estado como empleador tiene múltiples contratos colectivos firmados y en vigencia que desde 2015 (cuando el BCV dejo de publicar cifras de inflación) usan el salario mínimo como marcador de las escalas salariales, emolumentos por sobre tiempo, etc. La escala en el sector de educación superior va hasta los nueve salarios mínimos y en otras dependencias puede llegar hasta los 15.

La primera reacción gubernamental, al salir a la luz el problema de los empleadores privados, es que el Gobierno subsidiaría ese aumento por 90 días, primero a la pequeña industria, luego ampliado a la pequeña empresa y, finalmente, prometido para todo el empleo privado. Haciendo abstracción de la dificultad de implementar semejante medida sin que esa se vuelva un gigantesco foco de corrupción, duplicación de nóminas, empleos ficticios pactados con inspectores y pare usted de contar, se pregunta uno cuánto dinero inorgánico más habría que producir para lograrlo, en otras palabras, adiós déficit cero.

Por el lado de las obligaciones contractuales con sus propios trabajadores, pareciera que nadie leyó esos contratos. Al menos eso es lo que se deduce de la alocución del ministro de Defensa a sus oficiales, filtrada por aporrea.org, en la que les dice que moderen sus expectativas porque las cosas no están como para que los tenientes sigan recibiendo nueve salarios mínimos como recibieron en el mes de julio. Claro que en este caso no hay contrato con derechos adquiridos, sino que las remuneraciones se fijan literalmente manu militari. Presumimos que algún día sabremos cómo se dirime este problema sindical, cuando algún día por fin se publique un decreto sobe el salario mínimo que vaya más allá de declaraciones por los medios de comunicación sin sustento legal.

Pero el tema salarial no es el único en el que existente consecuencias aparentemente no intencionadas. El anuncio de llevar la gasolina a “precios internacionales” sin concretar esa cifra se volvió una comedia de contradicciones. Primero, aunque eso tal vez sea razonable, se dijo que el aumento sería gradual. Segundo, que se subsidiaria a todo el mundo… siempre y cuando tuviera un carnet de la patria sin importar su nivel económico. Tercera, a estas alturas, a dos semanas del anuncio del presidente, la realidad es que en estos momentos ante la imposibilidad de facturar Bs 0,00006 por litro, ¡se está regalando por completo! (con tan solo una propina para el empleado de la gasolinera). Finalmente, se anunció que en septiembre comenzaría el cobro a precios internacionales… pero en el Táchira. Lo cual deja la preocupante sospecha que el hueco fiscal que produce regalar gasolina en el resto del país va a ser cubierto con aún más creación de dinero inorgánico, casi garantizando que la hiperinflación, lejos de ser derrotada, corra el riesgo de ser repotenciada

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