Chile y la comunidad haitiana: eligiendo el mal menor (C)

La noticia gira en torno a la comunidad haitiana cuyo representante expresó la desilusión de miles de sus compatriotas que no encontraron ese Estado benefactor que se les pintó y que vinieron a buscar a Chile.

Mucho ya he comentado en otras columnas sobre el error que es comparar la migración a un Estado de trabajo libre con uno de bienestar. El primero impulsa al migrante a generar valor y el segundo a tomarlo sin retorno.

El vocero pidió una “mano amiga” para ayudarles a retornar a su país de origen, al menos a aquellos que manifiestan deseos de volver, pues nos enfrentamos a una comunidad cuyo idioma diferente ya les genera una barrera de entrada y sumándole a eso, tenemos la baja calificación de su mano de obra que viene a competir a un ya difícil mercado para los trabajadores locales.

¿Debe el Estado de Chile pagar por el retorno, tal como anunció el gobierno que lo haría? El punto es que muchos quieren regresar, pues lo que el Estado provee no sirve para marcar la diferencia entre lo que vivían en sus países y lo que están viviendo aquí. No ven la movilidad social (después de no esperar demasiado claro está) y los beneficios que esperaban tener o no son tan inmediatos como supusieron y requieren ser acompañados de una persistencia en trabajo y esfuerzo que no se ven motivados a tener por las razones que sea.

El plan se llama “Plan humanitario de regreso ordenado”  Según informaron desde La Moneda, este programa permitirá el regreso, vía aérea, a aquellas personas de forma individual o grupos familiares completos que manifiesten su voluntad de retornar a su país de origen. Para optar al plan, los ciudadanos haitianos, no deben tener procesos penales pendientes en Chile, deben contar con sus documentos de identificación o pasaporte al día, no pueden ser sujetos de una orden de expulsión vigente por alguna autoridad competente en Chile o encontrarse, al momento de la postulación, cumpliendo una pena en el país.

El asunto con todo este plan es no solo haberles permitido la entrada sin corroborar ninguno de los antecedentes, en condiciones preferenciales a otros grupos de otras nacionalidades, asegurándoles los beneficios estatales sin condiciones para que todo resulte en un choque de realidades en la que ellos se decepcionan y ahora el gobierno debe más encima darles el pasaje de vuelta.

La migración es voluntaria y si no funciona, es responsabilidad del individuo que migró.  Lo que aquí vemos en cambio es casi una indemnización por no ser el país del cual pudieran vivir y al que ellos esperaban llegar. Resulta que en Chile hay que trabajar duro para subsistir y avanzar socialmente y vivir del estado es apenas eso, subsistencia, condición que no difiere demasiado de su anterior estatus en Haití. (Recordemos que se trata del país más pobre de américa con un índice y ocupa el puesto 163 entre 188 naciones en el último Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Dos de cada tres haitianos viven con menos de 2 dólares al día.)

Ningún país debe compensar a individuos libres por tomar la decisión de migrar hacia sus fronteras y decepcionarse por no enriquecerse rápidamente y de aceptar hacerlo, da la impresión de que se quisiera evitar un escándalo de grandes proporciones heredado principalmente del gobierno anterior, como podría ser el tráfico de personas y mejor resulta “ayudarles” a retornar.

No hay que olvidar que el Estado no tiene más dinero que el de sus contribuyentes por lo tanto este programa lo financian los chilenos.

Ahora, es necesario considerar que también es posible que simplemente el gobierno intente hacer lo más “humanitario” posible, por aquello de las sensibilidades progresistas que a diario intenta impresionar sin resultado, pero de ser así, entonces estamos viendo el pragmatismo en acción dentro de lo que es esperable de un gobierno que transa demasiado para agradarle a su oposición.

Pragmatismo porque se está pensando en el mal menor. Considerando el gasto público y cuánto de ello va a parar a personas inmigrantes versus el costo de repatriar una buena cantidad de personas.

Desde el 2017, el desembolso fiscal anual ligado a extranjeros es de USD $207.544.000, considerando los ítems educación (48,5%), gastos institucionales (29,5%), salud (15,5%) y vivienda (6,5%). De los cuales, más del 40% son utilizados por la comunidad haitiana que solo en salud, el 70% pertenece al fondo más vulnerable de FONASA, lo que implica que sus gastos son pagados por el Estado.

Si se considera el gasto per cápita que hace el Estado en general, la suma de más personas que dependan del mismo, significará un gran problema de recursos.  Considerando el nivel de gasto total del Gobierno Central sobre la población total estimada para cada año publicada por el INE, se observa que el gasto per cápita anual en 2001 era cerca de $979.000 (moneda de 2015), alcanzando en 2015 los $2.045.000 por persona.

Esto entrega un promedio en el período 2001-2015 de $1.448.000 (moneda 2015) per cápita. Este nivel resulta ser prácticamente el doble de lo registrado como promedio durante el período anterior (1990-2000) en que el gasto per cápita promedió $779.000 (moneda 2015). Sumarle más de 50.000 personas, generaría endeudamiento fiscal inevitablemente y empeoraría la precaria situación.

La decisión entonces también es nuestra porque es nuestro dinero, en este sentido, quizá valga la pena darle la oportunidad a este plan que si bien en esencia no es justo, porque es una indemnización no correspondiente a acciones voluntarias de individuos, al menos parece ser un mal menor que adherir gastos constantes e interminables a las débiles finanzas estatales.

Nadie dijo que gobernar sería fácil, porque son estas decisiones las que el progresismo sin duda utilizará para torcer la imagen del gobierno, pero la información oportuna y clara debiera generar la disminución de suspicacias. Así es elegir el mal menor.

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