El 8 de noviembre pasado la Agencia de Prensa Análisis Urbano publico el artículo Bandas de Medellín y Bello controlan narcotráfico en Yarumal, donde mostrábamos cómo bandas paramilitarizadas que están asentadas en el Valle de Aburrá, principalmente en Bello y Medellín, han optado por ingresar a Yarumal, municipio que tiene 54.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 35.000 están en la cabecera municipal, presuntamente a través del pago de franquicias a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Todo esto viene presentándose a partir del proceso de paz  e implementación de los acuerdos entre el Estado colombiano y las Farc.

Es evidente que el vacío dejado por los Frentes 18, en Ituango y Briceño, y 36, en Yarumal, Campamento, Angostura y Anorí, no fue llenado por el Estado Social de Derecho. Un error garrafal que se está pagando desde el mismo momento en que la insurgencia de las Farc comenzó a encaminarse a la legalidad. Obviamente, también le cabe responsabilidad a la otrora organización guerrillera por no prever y exigir en los acuerdos de paz que la zona que se iría dejando debería ser copada por el Estado, debieron conjuntamente diseñar una estrategia de paz en clave de reconciliación nacional. Ambos tienen responsabilidad, y las consecuencias ya se sienten.

Si la llegada de la banda Pachelly, Los Triana, Los Chatas y El Mesa está generando problemas graves al municipio de Yarumal, no es de poca monta lo que han venido haciendo desde hace más de tres años las AGC, quienes al mejor estilo del crimen urbano de Medellín y el resto del Valle de Aburrá, montaron todo un régimen del terror y la opresión a los habitantes del mencionado municipio.

Fuentes consultadas por Análisis Urbano dan cuenta cómo las AGC establecieron el control del municipio de varias formas, lo que inevitablemente llevaría a un cogobierno municipal. Ya tienen territorio, cobran vacunas, regulan la violencia, ejecutan a quienes se les oponen o traicionan, amedrantan la administración municipal. La Policía pareciera no existir y el Ejército mucho menos.

La influencia de las estructuras criminales en el norte de Antioquia, propiamente en Yarumal, municipio considerado en centro de la subregión, está más acentuada de lo que parece, lo cual, por información allegada a la Agencia de Prensa Análisis Urbano, se está imponiendo todo un imperio criminal, la extorsión como actividad ilícita para financiar a sus hombres y ampliar su red criminal es la apertura de este nuevo régimen.

Todos pagan vacuna, nadie escapa al “impuesto de guerra”, o, mejor decir, al “impuesto para sobrevivir”. El que no paga se va o se muere, así de sencillo, siendo la  ley de las AGC. Por ejemplo, los que trabajan en las chazas o conocidos también como venteros estacionarios, deben pagar cuotas que van desde los $20 mil pesos hasta los $50.000 y en su orden están los taxistas, empresas de transporte intermunicipal, carniceros y ganaderos, hasta ciudadanos a quienes contactan de manera selectiva, están siendo extorsionados.

La vacuna es variada de acuerdo al negocio y al movimiento de dinero. Análisis Urbano ha conocido que se pagarían vacunas con cuotas desde los 500.000 mil pesos hasta los 100.000.000 millones de pesos mensuales, e incluso se instaló la forma de pago que puede ser por todo el año, pagándola en febrero o diferida mes a mes, además del “aguinaldo navideño”, que es la vacuna extra.

Para evitar las descalificaciones y la negación por parte de la institucionalidad, cosa que ocurrirá inevitablemente, debemos advertir que hemos conocido muchos casos de extorsiones en muchos de los sectores de la economía del municipio de Yarumal y otros municipios del norte de Antioquia, a quien las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-, que tienen uno de los centros de operaciones militares y financieras en el corregimiento de El Doce, en Tarazá, les exigen importantes pagos que ascienden a $100 millones de pesos o incluso más. Si no pagan no les dejan prosperar los negocios, algunos de ellos ubicados en el Bajo Cauca antioqueño. Denuncias hay en la Fiscalía, la Policía y la administración municipal, pero de nada han servido, porque hay “oídos sordos” a la solicitud de aplicar la justicia con rigor.

Las AGC en el Bajo Cauca se encuentran divididas en dos zonas, con dos centros de operaciones desde donde coordinan el los sicarios, las extorsiones, distribución de narcotráfico y coordinación del menudeo de alucinógenos: 1) Piamonte: desde este corregimiento del municipio de Cáceres se controla el microtráfico y el sicariato en los municipios de Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en zonas que antes controlaba el Bloque Central Bolívar, que comandaba Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, allí también se citan a los comerciantes para imponerles las reglas y el monto de las vacunas que regirán; y 2) El Doce: en Tarazá, controla lo concerniente a Valdivia, Yarumal, Angostura, Campamento, los dos corregimientos en donde se procesa la mayor base de coca, existen mayores hectáreas de cultivos ilícitos, hay presencia de compradores y se manejan la oficina de cobro de extorsiones, son El Doce y Barro Blanco.

La actual estructura que funciona en Piamonte estaría manejada por alias Pilatos o Caín, a quien le sigue alias Ratón, encargado del negocio del narcotráfico, alias Antonio (militar), alias La Paisa, que reside en el corregimiento de Guarumo (logística y microtráfico), alias Flechas (jefe de sicarios) y alias Chatarra (extorsiones). [Leer también: En el Bajo Cauca el crimen deambula libremente]

Es normal que en Yarumal, luego de la fiestas de fin de semana, se presenten riñas entre los borrachos, las cuales, creeríamos, deben ser controladas por la Policía. No es así. Hemos tenido conocimiento que hombres de las AGC y las bandas Pachelly y Los Triana, con quienes tienen alianza criminal, son quienes imponen el orden. El agresor y el agredido deben pagar una multa de $600 mil pesos para saldar la exigencia del crimen.

El Doce, oficina de cobro

“Pasando el puente de madera que atraviesa el río Cauca, cerca de Río Blanco hay una finca donde ellos, los gaitanistas atienden los negocios y a los quejosos que imploran les bajen la vacuna y los dejen trabajar en paz” (versión entregada por algunas de las víctimas consultadas por Análisis Urbano).

Desde el año 2014 las AGC se han posicionado en Yarumal, imponiendo su accionar delictivo a través de muertes selectivas, plazas de vicio y extorsiones, reemplazando a Los Rastrojos, quienes entre 2009 y 2011 impusieron el miedo con granadas. La madrugada del 19 de septiembre de 2010, luego de la fiesta de amor y amistad, una granada fue arrojada en un centro nocturno. Por este hecho fueron capturados dos hombres de Los Rastrojos[Leer: Dos detenidos por explosión de granada en Yarumal]

Los comerciantes y empresarios de los que no escapan ni los gremios del transporte son citados constantemente a que hagan presencia cada año desde el año 2014, en el corregimiento de El Doce, en Tarazá, en donde les fijan todas las pautas para que se sepan comportar y paguen la extorsión que puede ser mensual o anual, además de otro tipo de apoyos como el de ayudar al transporte de armas, drogas, dinero al mencionado corregimiento, mejor dicho, ellos terminan respondiendo por parte de la logística de estos criminales con el agravante que si no lo hacen los matan o destierran y si los capturan deben guardar silencio sepulcral.

Hemos conocido los casos de muchos empresarios que además del pago de las cuantiosas vacunas, deben entregarlas a intermediarios de las AGC, o enviarlas con conductores que cubren la ruta Yarumal, Valdivia, Puerto Valdivia, El Doce y El Quince, zona de dominio total de esta estructura paramafiosa.

El encargado de la oficina de cobro de las AGC en El Doce sería alias Harold, quien atiende a los citados para la extorsión en un caserío al que se llega a través de un puente de madera. Allí, al borde del río Cauca, los comerciantes escuchan la cifra que deberán pagar mensualmente a la organización, o aceptar la represalia de detener sus vehículos o amenazas de quemarlos.

En Yarumal, en donde está en incremento la extorsión, el enlace de El Doce sería alias Franklin, quien visita a los comerciantes, manda reclamar los cobros o lleva razones del ‘patrón’ a quienes son renuentes en el pago de la extorsión.

Plazas de vicio

En una publicación anterior hicimos énfasis en qué bandas que tendrían el control del narcotráfico y el expendio de alucinógenos en Yarumal: Pachelly y Chatas, de Bello, con la marihuana y el perico; las AGC con servicios de protección, compra de base de coca y cocaína procedente de los corregimiento de El Cedro y El Pueblito, así como los municipios de Briceño y Campamento; y Los Triana con las plazas de vicio y servicios de sicariato, tarea que estaría desempeñando alias Cheo. [Leer también: Bandas de Medellín y Bello controlan narcotráfico en Yarumal]

Los barrios de Yarumal en donde la inteligencia y Análisis Urbano, cada uno por su lado, pero no la Policía, han detectado sitios de expendio y control de plazas de estas bandas, son: El sector del Puente y Cuatro Esquinas, Cabaña, Buenos Aires en San Judas, Rancho de Lata  o sea Betania, Berrío, en este sitio  pernoctan los gatilleros, también es una zona de prostíbulos, San José, Señor Caído, La Cuelga, El Acueducto, Santa Matilde, Mediaguas, Fátima, , El Chispero, Epifanio Mejía y en el propio parque principal –según fuentes-, en donde en horas nocturnas se distribuiría perico y marihuana. Incluso se ha implementado el servicio de domicilio.

En 2014, fue asesinada una comerciante del sector de la construcción, María Eugenia Calle Londoño, quien luego de negarse a pagar una extorsión y entregar información que dio con la captura de dos integrantes de las AGC, fue asesinada por orden de alias Raúl, quien le ordenó a dos de sus hombres, Luis Carlos Jiménez Serna, alias el Pollo, y a Juan Pablo Jiménez Jiménez cometer el hecho.

Igualmente, Análisis Urbano conoció que para enero del año 2018, de acuerdo a algunas informaciones, otros quedaran vacunados, es el caso de los taxistas, los vehículos de transporte intermunicipal que pertenezcan a una de las empresas de transporte asentadas en Yarumal, aclaramos que esta vacuna no tiene nada que ver con la que pagan los dueños del transporte, esta deberá sercubierta por quienes trabajan los vehículos, eso significa los asalariados.

Finalmente, advertimos que Yarumal se ha convertido en lugar de las guarderías de la droga y ya se le conoce como el puerto seco de la droga y el lavado de activos. Se sabe que allí llega la droga y de Medellín suben los insumos y armas para abastecer a los criminales. Es lamentable decir esto y no es por estigmatizar, dicen unos habitantes de Yarumal, “pero definitivamente el municipio no es de los yarumaleños sino de gente del Bajo Cauca”.

Apunte Urbano

Sabemos de buenas fuentes que hay mucho interés por parte del señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez de conocer la realidad del crimen urbano-rural en el departamento de Antioquia. Al parecer, una parte de la información le podría estar llegando sesgada o camuflada en verdades a medias. Obviamente, entendemos que eso es posible en la medida en que persiste la nómina paralela que paga el crimen urbano-rural a un sector de la institucionalidad. Ejemplos, como la captura del mayor de la policía Antioquia que era el guardián y enlace del abatido alias Inglaterra, cabecilla de las AGC, abatido el viernes pasado, son muestra de esto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano le propone al señor gobernador que realice un Consejo Departamental de Seguridad en el municipio de Yarumal, Antioquia, que le permita tomar medidas urgentes que podrían incluir el cambio del personal del Distrito de Policía y los batallones del Ejército que hacen presencia allí, y en los municipios de Tarazá y Cáceres, en donde están los fortines del crimen.

Si se logra demostrar lo que estamos denunciando, además que, entendiendo el miedo que circunda a Yarumal, Valdivia, Cáceres y Tarazá, proponemos se invite a algunos de nuestros investigadores como delegados, para que ellos hagan la presentación de la investigación realizada en terreno. Es claro que, si no lo hace alguien externo, nadie de esos municipios tendrá la posibilidad de hablar, porque el miedo se lo impediría señor gobernador Luis Pérez.

Están a tiempo las autoridades en tomar medidas y desmantelar estas estructuras paramafiosa y bandas paramilitarizadas, que también son empresas criminales que se encuentran fortalecidas en el Valle de Aburrá. El crimen urbano-rural sobrepasó hace rato las fronteras del Medellín metropolitano.

FUENTE analisisurbano.org