Ayer comenzaron a conocerse algunos nombres encontrados por la Policía y la Fiscalía en unas maletas que el extraditado jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, guardaba celosamente en una caleta que se abría electrónicamente en su apartamento del barrio El Recreo de Montería.

Son siete reconocidos ganaderos y comerciantes de Córdoba que harían parte de una intrincada red de testaferros con la cual Mancuso ocultaba gran parte de sus bienes obtenidos ilegalmente.

De acuerdo con el informe conocido, entre los nombres de lo que ya comenzó a llamarse en Montería como, ‘las maletas de Mancuso’, están el de Jaime Maroso Pontiggia, propietario de la hacienda La Vittoriana, líder en Colombia de la cría de ganado Cebú; Pedro Ghysais Chadid, reconocido empresario del negocio de Apuestas de Córdoba, quien maneja el monopolio del chance en el departamento; Alexander Hincapié Acevedo, oficial retirado de la Policía, dueño del almacén la Casa del Deporte, un sofisticado establecimiento que distribuye las principales marcas deportivas; Leopoldo Anaya Torres, empresario de algunos concesionarios de autos de lujo en Córdoba; Aram Assías Solar, ganadero de Tierralta, asesinado en enero de este año; y Carlos Roca Cárdenas, conocido como ‘Bon ice’, quien según  las autoridades era el hombre de confianza de Mancuso en el manejo de sus finanzas.

Estas siete personas figuran también como socios en los proyectos productivos con que inició el Gobierno Nacional los programas de resocialización para los desmovilizados de las autodefensas en el municipio de Tierralta.

Aunque ninguno de los mencionados ha querido dar explicaciones públicamente, el ganadero Maroso Pontiggia y el empresario Leopoldo Anaya, enviaron una carta a la revista Cambio en la que explican su aparición en los documentos, descartando de tajo la figura de testaferrato.

Sostienen que desde comienzos de los proyectos productivos fueron buscados por el Gobierno y Salvatore Mancuso para que colaboraran entregando tierras para su ejecución.

“Nunca hemos hecho aportes adicionales o diferentes a los efectuados inicialmente y en asocio con el Estado colombiano, con el único fin de apoyar el proceso de desmovilización y la paz en el departamento de Córdoba y el país”, sostienen Maroso y Anaya en la misiva.

Aseguran que dichos aportes fueron manejados a Fiduagraria y contaron con la supervisión del Gobierno Nacional.

Además, afirman que tuvieron de testigo en esos aportes al entonces facilitador de los acercamientos entre el Gobierno y autodefensas, monseñor Julio César Vidal Ortiz.

Ayer el representante legal de los proyectos productivos, Humberto Solano Berrío, dijo que cuando se inició el programa los siete mencionados aparecían como dueños de esas tierras.

Sin embargo, aclaró que posteriormente esos proyectos fracasaron, entre otros motivos porque no había claridad sobre la propiedad de las tierras.

“Ellos dijeron que ahí estaban los lotes y que procedan, y por eso procedimos. Después vinieron los avalúos legales y verificaciones de Fiscalía y con esos problemas resultó que ya no se podía trabajar por que no se sabía a ciencia cierta de quién eran las tierras”, explicó Solano.

Los predios, que suman más de 5 mil hectáreas, no habrían estado incluidos en las propiedades entregadas por el ex jefe paramilitar en sus confesiones de Justicia y Paz.

MONTERÍA