Es el momento para alzar un nuevo movimiento, en torno al fallo, que sea amplio y robusto. (Archivo)

Injustificable que los diputados, al día siguiente de la histórica decisión del legítimo Tribunal Supremo de Justicia contra Maduro, cojan vacaciones. Como si el país anduviera para esas frivolidades. Y es triste cómo tantos alcahuetean sinvergonzonerías. Que si los diputados, aquellos «héroes alados», merecen como nadie su tiempo en Morrocoy.

También triste que se invierta tiempo en buscar degradar a la máxima corte, que fue electa por el mismo Parlamento. Que hayan demasiados empecinados en marginar al Tribunal Supremo en el exilio, en desacreditarlo. Holganzaneando. Discutiendo sobre si puede o no ejercer sus funciones, que si los magistrados tienen doble nacionalidad, que si qué ejemplos de Gobiernos en el exilio hay, que si sirven para algo.

O sino, discuten sobre la crisis, hablan sobre la emergencia eléctrica, debaten sobre la tragedia en los hospitales. Estos, en vez de gastar el tiempo en lanzarse hasta al Palacio Federal Legislativo, deberían hacer podcasts todas las semanas.

Pero, como los asambleístas, lamentablemente, no están a la altura de la tesitura, los venezolanos deben agarrar el timón, marcar la pauta e imponer la agenda. Es una urgencia nacional y humanitaria. Que alguien asuma la responsabilidad del otro, o que obligue al zángano a asumir la propia.

Ya los magistrados han hecho lo que les corresponde. Luego de persecuciones, amenazas y extorsiones han estado a la altura. Ahora faltan las reacciones al histórico fallo.

La sentencia del legítimo Tribunal Supremo de Justicia no puede someterse a leguleyadas y discusiones legalistas. Tampoco a análisis rigurosos que busquen, de cualquier forma, quitarle legalidad o relevancia a los magistrados en el exilio.

En términos generales, la máxima corte goza de toda la legitimidad para ejercer sus funciones. Fue electa por la Asamblea Nacional, luego de un proceso cabal; y, como el TSJ chavista se sometió al armatoste Constituyente, el del exilio ya cuenta con los magistrados para constituir la Sala Plena. Además, ha funcionado en una institución tan solemne como el Senado colombiano.

Si bien es ingenuo quien suponga que algún funcionario en Venezuela reaccionará al fallo, es esencial comprender que la histórica decisión cimenta un terreno, fértil, del que se podrían impulsar embestidas letales.

Bien dice el filósofo venezolano Erik Del Bufalo: “A algunos les parecerá ‘ridícula’ o ‘inaplicable’ esta sentencia. Pero la verdad es que legaliza el hecho de que Maduro sea puesto a derecho mediante el uso de la fuerza”.

La respuesta a la sentencia no debe subordinarse a márgenes constitucionales o a estériles discusiones sobre el Estado de derecho. No se trata de si es aplicable o de si se enmarca rigurosamente dentro de los tímidos procesos tradicionales. La respuesta trasciende ello y debe ser estrictamente «política». Es la única forma de combatir al régimen.

No debe dudarse: la decisión del legítimo Tribunal Supremo de Justicia marca un hito en la contienda por la libertad. El fallo debe ser apoyado por todos y se debe aprovechar para impulsar ofensivas decisivas. Es lo que nos corresponde.

Imaginen a toda una sociedad, que no pierde el tiempo en debates estériles ni en saboteos, respaldando al unísono la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Exigiendo a los funcionarios, detener a Maduro. Exigiéndole a cada uno, que asuma su responsabilidad. Toda una sociedad desconociendo al dictador y apoyando a los magistrados.

De eso se trata y esa debe ser la respuesta. Porque esta decisión debería marcar la pauta. Y sobre ella se debería alzar un nuevo movimiento, amplio y robusto, decidido a lograr que Nicolás Maduro permanezca, al menos, 18 años en Ramo Verde.

Fuente