Convocan marcha en Colombia por polémica decisión que juzga delitos sexuales de FARC (LVC)

El juzgamiento de los delitos sexuales con ocasión al conflicto por miembros de las FARC a manos de la justicia especial generó malestar en las diferentes víctimas del país, tanto así, que a través de redes sociales se convocó un “gran plantón” para mañana miércoles 22 a las 3 pm (hora local) en rechazo de la decisión de la Corte Constitucional.

A juicio de los promotores del evento, la decisión que reglamentó la Justicia Especial para la Paz (JEP) “favorece a todos los violadores sexuales en Colombia”.

Según el alto tribunal el Congreso no tiene la competencia para modificar las sanciones impuestas en el acto legislativo 01 de 2017 para aquellos que hayan combatientes cometido delitos sexuales. Por tal razón, sería la JEP el tribunal encargado de sancionar estos delitos que podrían ser penados con penas alternativas.

Herbin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de Las Farc (Fevcol) manifestó que con la decisión de la Corte se comete un atropello atroz contra los derechos de la niñez. 

“Por ley somos el Estado que legalizó las violaciones a menores cometidas en los últimos 50 años; todo, por hacerle el favor y el mandado a las Farc. Violan el artículo 44 y 93 de la constitución política”. 

El presidente Iván Duque durante su segundo taller ’Construyendo País’ en el municipio de la Unión, Valle, indicó que respeta las decisiones judiciales, sin embargo, se debe buscar como país la mayor sanción para violadores y asesinos de niños. 

Respeto las decisiones judiciales, pero sí creo que el mensaje al país tiene que ser claro: como nación tenemos la obligación de sacar adelante la mayor sanción posible y, si ese es el camino, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. 

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló a través de su cuenta en Twitter, “estos magistrados me recuerdan a los congresistas que en el 2007 se oponían a que la violación fuera un delito que se investigaba de oficio sin necesidad querella por parte de la mujer afectada”.

Un voto disidente

La magistrada de la Corte Constitucional Gloria Stella Ortiz fue la una que increpó la decisión de sus pares al interior del alto tribunal y decidió apartarse de la decisión y salvar su voto.

Ortiz salvó su voto frente al artículo que tumbó las penas severas por delitos sexuales en el conflicto. 

“Esto bajo el entendido que no solo se está bajo una expresión válida de la competencia del Congreso, sino también que esa instancia está investida de la legitimidad democrática para definir qué conductas resultan más reprochables alrededor de la sociedad”. 

Al mismo tiempo, consideró la decisión como “irrespetuosa de la voluntad democrática” que pretendía proteger a los menores de edad víctimas de la violencia sexual. 

“En el caso analizado, se está ante una válida decisión de una política criminal por parte del legislador cuando se excluye que el interés superior de los niños y niñas exige fortalecer el componente de la justicia frente a los delitos de violencia sexual, a través de la aplicación de las penas previstas del régimen ordinario”.

Por otro lado, las mujeres que hacen parte de la Corporación Rosa Blanca, quienes fueron reclutadas y abusadas por miembros de las FARC, manifestaron que tras la decisión recurrirán a instancias internacionales para que los crímenes cometidos por los exguerrilleros no queden impunes.



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