Managua, 11 sep (EFE).- El Colegio del Mundo Unido (UWC, por sus siglas en inglés) denunció hoy el arresto “arbitrario” de su exalumna Amaya Eva Coppens en Nicaragua, en medio de la crisis que atraviesa el país por las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“El Comité Nacional de United World Colleges Nicaragua denuncia públicamente la aprehensión arbitraria de Amaya Eva Coppens”, refirió el UWC, en un comunicado.
Coppens, una estudiante de medicina de nacionalidades nicaragüense y belga, desapareció anoche en la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua, y fue llevada a una celda de la Policía Nacional en Managua, según los miembros del Movimiento Estudiantil 19 de Abril León, que ella lidera.
La exalumna del UWC en Li Po Chun, de Hong Kong, fue la primera estudiante agredida por la Policía nicaragüense en León, cuando defendía a un grupo de ancianos que eran golpeados por grupos oficialistas, según informó el Movimiento Estudiantil 19 de Abril León.
“Ella ha ejercido su derecho a la protesta cívica levantando su voz a favor de la autonomía universitaria, la democracia y la libertad de Nicaragua. Condenamos este hecho y exigimos su inmediata liberación, y primordialmente, el respeto de sus derechos, tanto humanos como constitucionales”, resaltó UWC.
La Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis, calificó la condición de Coppens y de más de 30 personas detenidas en circunstancias similares desde el fin de semana, como “presos políticos”.
Organizaciones humanitarias han identificado a 309 “presos políticos” en Nicaragua.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha negado su responsabilidad y se considera víctima de un intento de “golpe de Estado”.
Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Ortega y más de 400 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
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