Los 130 niños se disponían a salir de Venezuela gracias a un proyecto de la ONG Unión Venezolana en Perú, con el cual se buscaba reencontrar a los niños venezolanos con sus padres, quienes se encuentran en suelo peruano tras haber emigrado debido a la crisis económica, política y social que atraviesa su país de origen.

Sin embargo, funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) y el Fiscal 1° del estado Vargas, David Gauna, evitaron que los niños viajaran, pese a que ya estaban autorizados por sus representantes para viajar.

Los niños, que tenían previsto tomar el vuelo 2100 de la aerolínea Avior, que cubre la ruta Caracas-Lima (donde los esperaban sus padres), fueron retenidos por más de diez horas, sin que se les suministrara alimento alguno, según indicó Isabel Pérez, colaboradora de la organización no gubernamental.

De acuerdo con las autoridades migratorias venezolanas, cuatro de los 130 permisos de viaje de los menores presentaban irregularidades, lo cual utilizaron de excusa para suspender el vuelo de todos los niños, además de anularles sus pasaportes.

Según el presidente de la ONG Óscar Pérez, “la intención era clara: evitar que este vuelo de amor, esperanza y sueños llegara al Perú”. Pérez explicó que todo forma parte de una medida de retaliación política contra él y que de haber habido irregularidades en cuatro de los permisos, lo lógico hubiese sido que permitieran el viaje a los otros 126 menores.

“Muchos de los niños que iban a viajar hoy ahora se quedan sin lugar donde vivir en Venezuela. En el caso de la abuela que entrevisté ella había vendido todas sus pertenencias y viajaba con sus dos nietas hoy a Perú para iniciar su nueva vida”, comentó la periodista Beatriz Adrián.

Unión Venezolana en Perú había logrado financiar este proyecto, el cual permitiría el reencuentro de familias, recaudando fondos a través de una campaña de microfinanciación en la plataforma GoFundMe, además de haber aceptado aportes directos y donaciones.

La ONG “simplemente ha sido el puente entre los padres que se encuentran acá en el Perú queriendo reencontrarse con sus hijos y los niños que se encuentran en Venezuela”, manifestó Andrés Hurtado, un conductor de televisión que había difundido el “rescate” a través de Facebook.

“¿Quién responde por eso? ¿Quién responde por el maltrato psicológico a esos niños? Eso es lo que está haciendo este Gobierno [de Nicolás Maduro], que los niños sufran, que los padres sufran. No vamos a descansar. Seguimos con la luz de esperanza, no la apaga nadie. Sea lo que sea que tengamos que hacer, lo vamos a hacer”, se preguntó el conductor de televisión.

Esta no es la primera vez que el Gobierno dictatorial de Nicolás Maduro antepone sus intereses políticos al sufrimiento de las personas. El régimen venezolano también ha impedido que ingrese al país petrolero ayuda humanitaria proveniente de otras organizaciones.

A pesar de que los venezolanos mueren por falta de medicamentos y desnutrición, debido a la ineptitud del Gobierno, este se ha dado “el lujo” de evitar que ingresen productos alimenticios y de salud donados por organizaciones no gubernamentales como Caritas.

Incluso el Gobierno estadounidense ha tratado de suministrar ayuda al país debido a “las pésimas condiciones humanitarias, incluida la falta de comida y medicinas vitales, suministros médicos, malnutrición y un aumento de los casos de malaria, entre otras duras realidades” que atraviesa el país, pero el régimen se ha negado a permitir este tipo de ayuda internacional.

“Reiteramos nuestra llamada al régimen de Maduro para que deje de negar la necesidad de su pueblo y permita que la ayuda de la comunidad internacional llegue a él”, manifestó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado nortemaericano, Heather Nauert, quien además explicó que la ayuda incluía alimentos y medicamentos.

“La escasez general y prolongada de medicinas e insumos básicos de salud afecta a toda la población, en particular a unas 3 millones de personas de todas las edades en diversas condiciones de salud crónicas quienes han pasado al menos un año sin acceso a casi ningún tratamiento. Esta grave situación no ha sido reconocida por el Estado ni atendida a través de medidas urgentes”, señala un informe sobre la situación del derecho a la salud en Venezuela durante el periodo 2014 y 2017, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El informe también explica que esta crisis ha sido causada “por un sistema de políticas de monopolio en distintos planos de la vida económica y social del país” en el que se ha hecho uso intensivo de los recursos públicos en importaciones y se han reducido las inversiones, causando “la dependencia externa y el abastecimiento en materias primas, medicinas, insumos, equipos y repuestos para la industria farmacéutica y el sistema sanitario público y privado, en más del 90 %”.

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