El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Willian Contreras, inspeccionó la unidad local de Smurfit Kappa, ubicada en la zona industrial del estado Carabobo, en compañía de los ministros para el Trabajo, Eduardo Piñate, y para la Alimentación, Luis Medina Ramírez. (Twitter)

Continua la ola de intervenciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro contra empresas transnacionales privadas. Esta vez le tocó a la unidad local de Smurfit Kappa, Cartón de Venezuela, S. A., la cual ha operado en el país desde 1986.

El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Willian Contreras, informó que durante una inspección realizada este martes 21 de agosto en la unidad local de Smurfit Kappa, ubicada en la zona industrial del estado Carabobo, y en compañía de los ministros para el Trabajo, Eduardo Piñate, y para la Alimentación, Luis Medina Ramírez, “realizaron la ocupación temporal de esta empresa productora de cartón, por abuso de posesión de dominio”.

Además, fueron detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dos ejecutivos de la empresa: Luis Fernando Lugo Díaz, contralor y, Cipriano Ramón Betancourt Chirinos, gerente de ventas. Ambos fueron acusados “presuntamente incurrir en los delitos de Especulación, Boicot, Contrabando de Extracción, además de Corrupción entre particulares e Incumplimiento de Formalidades, relativas al remarcaje de precios; así como también vender u ofertar bienes o servicios a precios superiores a los determinados en la Ley Orgánica de Precios Justos”, según comunico el Sundde.

Smurfit Kappa Group, por medio de un comunicado, negó las acusaciones formuladas en su contra y destacó que ha operado en el país bajo los más altos estándares éticos y de negocio.

“Luego de dos días de inspección por parte del Gobierno venezolano en la filial del Grupo, Smurfit Kappa Cartón de Venezuela (SKCV), se presentaron varios alegatos contra SKCV. El Grupo rechaza completamente estos alegatos y considera que no tienen fundamento”, dijo la compañía.

La empresa, que informó que se mantendrá monitoreando la situación, agregó que, según los resultados del grupo para la primera mitad de 2018, SKCV representa menos del 1 % de la producción.

Por su parte, los sindicatos de trabajadores de la empresa en el país, dieron su respaldo a la empresa ante las acciones del Sundde, y dijeron que “el abordaje de las autoridades gubernamentales en las oficinas corporativas” de SKCV “han creado inquietud, incertidumbre en los trabajadores”.

En un comunicado, los trabajadores destacaron que Smurfit Kappa “ha sido una empresa apegada a la ley y que ha cumplido cumplidora en toda la materia laboral y de salud ocupacional, mejorando las mismas por las vías de las contrataciones colectivas y entendimiento entre las partes”.

Los trabajadores posiblemente temen una estatización de la empresa, lo que podría resultar en una desmejora sustancial de la producción y de sus condiciones laborales. El régimen chavista ya ha dado innumerables ejemplos de esto, como ocurrió con las cementeras Cemex (México), la francesa Lafarge y la suiza Holcim, generando una escasez y especulación del cemento en el país. Esto sin contar con las centrales azucareras, productoras de alimentos como Cargill, o de aceite comestible (Aceites Diana), por mencionar algunas.

En los últimos 16 años el crecimiento de las empresas públicas ha sido exponencial. Venezuela pasó de tener 74 compañías en 2001 a poseer 526 en 2017. 74 % de ellas (390) fueron producto de la creación, expropiación o confiscación, según un informe de Transparencia Venezuela (TV), publicado a principios de este año, asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción.

Pero esta no es la primera vez que el régimen ordena una ocupación temporal de SKCV. En diciembre de 2013, el entonces ministro de Industria, Ricardo Menéndez, argumento la medida “para garantizar materia prima para toda la cadena de alimentos y garantizar el suministro de productos alimenticios”.

En esa oportunidad, Menéndez aclaró que “esta ocupación temporal no lleva al control administrativo de la empresa, porque sus dueños son los responsables ante el país de garantizar el incremento de la producción de esta planta”.

En mayo de este año, la dictadura tomó las instalaciones de alimentos Kellogg’s, después de que la empresa decidiera cerrar operaciones por el deterioro de la situación económica y social, tras 50 años en el país.



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