El reciente presidente electo ha asegurado que no se hará trizas el acuerdo de paz, pero estará a favor de “garantizar que la paz sea para todos los colombianos, con seguridad y justicia.” (Archivo)

Uno de los principales retos para el Gobierno de Iván Duque es el que tiene que ver con el proceso de paz. A pesar de mantenerse moderado durante la campaña y asegurar que buena parte de lo acordado con las FARC se mantendrá, considera que si es necesario modificar otros puntos del acuerdo.

Cabe señalar que un sector dentro del uribismo quiere ver el acuerdo hecho “trizas” como alguna vez lo reflejó el exministro de Interior y de Justicia, Fernando Londoño.

Sin embargo, el reciente presidente electo ha asegurado que no se hará trizas el acuerdo de paz, pero estará a favor de “garantizar que la paz sea para todos los colombianos, con seguridad y justicia”.

“No vamos a hacer trizas los acuerdos, la aproximación a modificaciones se hará sobre la base de una paz que una a Colombia, porque no podemos seguir divididos entre amigos y enemigos de la paz. Todos somos amigos de la paz y queremos una paz creíble”.

En su primer discurso luego de conocer los resultados que lo hicieron merecedor de la presidencia de Colombia ratificó su deseo de poner las victimas sobre el centro del proceso y manifestó que estamos ante una paz que reclama correcciones.

“Esa paz, que reclama correcciones, para que las víctimas sean ahora sí el centro del proceso para que tengan verdad, justicia y reparación”, dijo.

Y, al mismo tiempo manifestó que esa paz tiene que llevar a los colombianos a un debate sano de ideas.

“Ni trizas ni risas”

Contrario a lo que señala la oposición, la victoria electoral de Iván Duque no representa un peligro inminente para el proceso de paz que aun se encuentra en fase de implementación. Así lo hizo saber durante su primer discurso el recién electro presidente.

Algo es claro, y es que a Duque no le convence del todo que los exlíderes de FARC mientras tengan pendientes cuentas con la justicia puedan ocupar cargos parlamentarios otorgados por cuenta del proceso. La Justicia Especial al respecto ha manifestado que mientras se tenga una condena en firme en esa jurisdicción no habría conflicto en que los diferentes exfarc ocupen curules en el Congreso.

Sin embargo, esta propuesta no cae muy bien a quienes ahora hacen parte de la oposición ya que atacaría uno de los puntos del acuerdo y es la participación política de los exguerrilleros. Duque ha manifestado en distintas ocasiones que no ve problema a la participación política de los exmiembros de las FARC en el poder siempre y cuando paguen sus condenas.

Al respecto, en noviembre de 2017 a través de una decisión de la Corte Constitucional se dejó en firme la medula espinal del acuerdo que es precisamente la JEP, justicia encargada de impartir justicia frente a los delitos con ocasión del conflicto.

A juicio del órgano colegiado la participación de las FARC en la política es posible, por tal razón mantuvo la suspensión en la justicia ordinaria y disciplinaria de las condenas contra los exguerilleros hasta que no sean tratados por esta justicia especial.

Sin dejar de lado, el aval de la Corte del acto legislativo 02 de 2017 que protegió de futuras reformas por tres periodos presidenciales el acuerdo con FARC al elevarlo como política de Estado y no de Gobierno.

“Las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”, señalaba el órgano judicial.

Pese a contar con mayoría en el Congreso para aprobar proyectos que apunten a modificar el acuerdo estos deben contar posteriormente con el aval de la Corte Constitucional, lo que resulta entonces difícil teniendo en cuenta con lo que se ha decidido hasta ahora en materia jurídica. Con el agravante de que la mayoría de las normas relativas al proceso de paz fueron tramitadas a través de un procedimiento expedito denominado Fast Track.

Narcotráfico como delito conexo

Otra de las propuestas de reforma del uribismo al acuerdo ha sido desligar el narcotráfico como delito conexo del delito político. Duque se ha referido a que las modificaciones también apuntan sobre esta cuestión penal.

Es de aclarar que el acuerdo de paz no estableció en estricto sentido que el narcotráfico por sí mismo sea conexo al delito político. Lo que se pactó fue focalizar los casos y considerar si existió conexidad convierto el juicio en un factor probatorio con el fin de demostrar si el exguerrillero utilizó el dinero producto de la economía criminal para enriquecimiento personal.

El parámetro jurídico determinaría entonces que habría delito conexo si el narcotráfico fue con el fin de facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. De manera que hasta ahora el narcotráfico sería un delito conexo y amnistiable de acuerdo con las medidas establecidas.

Quedan las dudas ante los secuestros de civiles y la utilización del dinero de los rescates, vacunas, y otras actividades que representaban fuente de ingreso económico para la organización guerrillera.

Guerra contras las drogas

Sin duda la agenda de la guerra contra las drogas será retomada en el Gobierno de Duque a raíz del incremento de los narcocultivos en el país que alcanza un numero de más de 220 mil hectáreas.

Al respecto, señaló que cambiaría la política contra las drogas “Si los cultivos siguen creciendo, si algunos con sus armas siguen callando a la ciudadanía fracturamos el anhelo de paz”, dijo.

Por otro lado, ha insinuado de la posibilidad de volver a la aspersión aérea a pesar de haber sido prohibida por la Corte Constitucional.

Garantías a desmovilizados

En su discurso, Duque dijo que se comprometía a “construir la paz” con el objetivo de que la base guerrillera pudiera culminar su desmovilización. Expresó que invertiría en el desarrollo de las zonas golpeadas por el conflicto armado interno y que llevaría proyectos productivos a estas zonas.

Aplazan debate del proyecto que reglamenta la JEP en el Senado

El Senado aprobó este martes una proposición que aplaza la discusión del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz hasta que la Corte Constitucional realice un “pronunciamiento de fondo”.

“La plenaria de Senado aprueba la proposición de aplazar el debate del proyecto de ley que adopta medidas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz hasta que se produzca un pronunciamiento de fondo sobre este tema por parte de la Corte Constitucional”, detalló el Ministerio de Justicia en su cuenta en Twitter.

Este aplazamiento de la aprobación de las normas procesales de la JEP hizo que el presidente Juan Manuel Santos se pronunciara. El primer mandatario aseguró que si no se aprueba en el día de mañana convocará a sesiones extras para llevar a cabo la aprobación del proyecto.

“La paz tiene que estar por encima de cálculos políticos”, dijo.

Esta proposición sería uno de los primeros movimientos políticos del uribismo en el Congreso con el fin de establecer un estudio más detallado de las normas de procedimiento y al mismo tiempo darle espera a la decisión de la Corte Constitucional.

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