Quito, 7 sep (EFE). – Ecuador reconoció que perdió la batalla legal contra la petrolera estadounidense Chevron en un histórico caso de contaminación ambiental en la Amazonía y apuntó responsabilidades al anterior Gobierno, presidido por Rafael Correa.
El Tribunal Permanente de Arbitraje con sede en La Haya falló a favor de la empresa y, según el laudo, Ecuador deberá pagar a Chevron una indemnización por daños y perjuicios a fijarse en el futuro.
Considerado uno de los mayores litigios por contaminación ambiental, el caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida en 2001 por Chevron-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.
Una sentencia emitida por una corte de Lago Agrio, en Ecuador, en 2011 cifraba en 9.500 millones de dólares la indemnización que debía entregar la empresa a los afectados.
Otro dictamen dos años después ratificado por la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana dictaminaba otra suma de 8.600 millones de dólares en reparaciones por los daños medioambientales en las provincias de Orellana y Sucumbíos en un área que abarca cerca de 500.000 hectáreas y es una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo.
Chevron recurrió los fallos y litigó ante la corte arbitral las resoluciones judiciales, que finalmente han quedado en papel mojado y provocado reacciones encontradas entre funcionarios del actual Gobierno y el expresidente Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
En una comparecencia, el procurador del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, manifestó este viernes que el laudo “no establece un monto monetario de una indemnización que el Ecuador deba pagar a la compañía Chevron” y que la fase de cuantificación del daño puede prolongarse aún varios meses.
El responsable indicó que el fallo “declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano hacia la compañía Chevron por haber violado el artículo 2 del Tratado Bilateral de la Protección de las Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos”.
Y adelantó que la Procuraduría analiza la actuación de los abogados contratados por el Estado ecuatoriano para su defensa en este proceso arbitral y que, si se demostrara negligencia, se examinarán acciones para ejercer el “derecho de repetición” contra Correa y el exprocurador Diego García.
Ese recurso judicial, amparado en la Constitución, busca el reintegro del dinero que el Estado se vea obligado a pagar por concepto de condenas emitidas en su contra y que tengan como origen una mala actuación de funcionarios públicos o particulares.
El secretario de la Presidencia ecuatoriana, Eduardo Jurado, explicó que el dictamen expone al Estado “al pago de cantidades aún indeterminadas, pero que ya se pueden prever cuantiosas sumas de dinero”, que causarán graves daños al desarrollo del país y afectarán su futuro.
Correa usó el caso para ganar protagonismo
Para el Gobierno del actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, “el régimen de Rafael Correa utilizó el caso Chevron para ganar protagonismo político y mediático y empleó fondos públicos para propaganda, manipulando la opinión pública nacional e internacional, cuyas consecuencias se ven reflejadas en esta sentencia del Tribunal Arbitral de La Haya”.
Jurado pidió a la Procuraduría la aplicación del derecho de repetición contra exfuncionarios del Ejecutivo de Correa y enfatizó que “las consecuencias de las acciones u omisiones del anterior Gobierno no deben ser soportadas por el pueblo ecuatoriano”.
Desde Bruselas, donde reside desde hace más de un año, Correa acusó hoy al actual Gobierno de pactar con Chevron después de que la empresa anunciara que un tribunal internacional revocó una sentencia que le obligaba a indemnizar al Estado ecuatoriano en un caso de contaminación.
“Claramente el Gobierno Cuántico (referencia a Moreno y sus discursos) ha pactado con Chevron, como lo hizo con Odebrecht. Es evidente que Chevron es culpable, y que destruyó nuestra selva. Solo un orden mundial inmoral, y un Gobierno traidor, pueden dejarla en la impunidad”, afirmó.
Añadió que la Corte Constitucional ecuatoriana ratificó la sentencia contra Chevron en junio de este año, bajo el Gobierno de Moreno.
Sobre el fallo contra Ecuador, la empresa estadounidense celebró en un comunicado, en el que señaló que el tribunal “concluyó unánimemente que la sentencia de 9.500 millones de dólares dictada en contra de Chevron en Lago Agrio, Ecuador, en 2011 fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción”.
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