El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a cinco exfuncionarios venezolanos de participar en una trama internacional de corrupción que incluía sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Los cinco venezolanos que habían ocupado altos cargos en PDVSA, o en otros organismos estatales de ese país, presuntamente habrían recibido sobornos de proveedores (incluidos residentes estadounidenses) a cambio de servir como intermediarios en temas relacionados con los negocios de la petrolera.

Asimismo, el Departamento de Estado afirma que los exfuncionarios luego blanqueaban los ingresos mediante transacciones financieras internacionales, “incluyendo hacia, desde o a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, y, en algunos casos, blanquearon los fondos procedentes de los sobornos a través de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en Estados Unidos”.

De los cinco acusados el único que permanece prófugo es Alejandro Istúriz Chiesa, antiguo director de Bariven (subsidiaria de PDVSA). Los otros cuatro permanecen detenidos en España.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, exviceministro de Energía; Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas (subsidiaria de PDVSA); Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA; y César David Rincón Godoy, antiguo director de Bariven, son los nombres de quienes permanecen arrestados desde octubre por solicitud de las autoridades de Estados Unidos.

, comentó el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), Mark Dawson.

Se espera que tanto Villalobos como De León y Reiter pronto sean extraditados a Estados Unidos, donde podrán ser juzgados.

España ya extraditó a Rincón (que presenta una acusación de 20 cargos) y ha sido el único que hasta ahora ha declarado ante el juez Stephen Smith, del Distrito Sur de Texas.

 

Fiscales estadounidenses sospechan también del exembajador ante la ONU

De acuerdo con Univision, otro funcionario que podría ser acusado por formar parte de la trama de corrupción en la estatal petrolera venezolana, es el expresidente de PDVSA y exembajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez.

Según el diario, fiscales estadounidenses alegan que dos de los implicados en la trama les habían dicho a unos empresarios que lo que recibieran en sobornos sería compartido con un alto funcionario venezolano; y aunque este no fue nombrado, Ramírez es precisamente el sospechoso de haberse beneficiado.

Cabe destacar que justo mientras Ramírez era expresidente de PDVSA (desde 2004 y 2014) se habrían “desaparecido” unos USD $11.000 millones, según una denuncia de la Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también acusó en 2015 a un banco en Andorra de lavar unos USD $2.000 millones robados de PDVSA.

Aunque Ramírez ha rechazado las acusaciones en su contra, los fiscales estadounidenses se acercan cada vez más a su círculo de allegados.

El exembajador ya es objeto de una investigación penal en el país petrolero por embolsarse un porcentaje de lo recibido por los contratos petroleros orquestados por socios suyos. Mientras tanto, Ramírez asegura que la pesquisa sobre PDVSA es otro intento de los Estados Unidos por socavar al Gobierno dictatorial venezolano.

Por su parte, el vicefiscal general interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, John Cronan, resaltó lo siguiente:

La corrupción amenaza la estabilidad económica y política, y victimiza a las personas que cumplen la ley ordinaria al desviar fondos públicos a los bolsillos de funcionarios corruptos y sobornar a los contribuyentes.

Estados Unidos ha sido uno de los países que ha ejercido mayor presión a la dictadura venezolana con sus sanciones e investigaciones contra altos funcionarios en Venezuela. El Gobierno estadounidense ha tratado de que las demás naciones se unan para detener la “deriva autoritaria” que ha asumido el régimen de Nicolás Maduro.

Ahora la Unión Europea también ha decidido tomar acciones para seguir “estrangulando” a quienes han violado las leyes aprovechando su poder y pasando por encima de la población venezolana.

Fuente Panampost