El próximo domingo, Colombia elegirá presidente por los próximos cuatro años…o al menos eso es lo que esperamos. Nunca antes había percibido tanto temor por las dos opciones a las que nos enfrentamos, incluida la posibilidad de una ruptura democrática, como no ha sucedido en 65 años, y unas amenazas serias, creíbles a las libertades individuales o económicas, como tampoco se ha visto en décadas, en un país en el que ninguna de esas libertades ha sido prioridad para ningún gobierno en su historia. Así de grave es la cosa.
Es perceptible tanto que la polarización no solo no ha disminuido, sino que se ha agravado en las semanas recientes, como que las mayorías ya han definido su opción, si no es que ya la tenían definida incluso desde antes de que comenzara la campaña.
Así las cosas, ya no es tiempo de disuadir, de convencer. La decisión ya está a punto de ser tomada. No obstante, sin importar, cuál sea el resultado final, el trabajo para los ciudadanos hasta ahora comienza.
Así como los niveles de polarización y de amenaza a la libertad son tan altos, los ciudadanos debemos estar a la altura. Sin importar quién llegue a la Casa de Nariño (palacio de gobierno colombiano), tenemos que estar alerta ante cualquier exceso en el cumplimiento de las funciones de nuestros representantes.
Esto implica que, como nunca antes, los ciudadanos, organizados y no organizados, debemos hacer una labor sostenida de oposición, no de complacencia a las decisiones que pretenderá tomar el gobernante. No podemos ceder ni un milímetro en las pocas libertades que hemos ganado.
Esta labor se ve más fácil que lo que es llevarla a cabo. Es más, así planteada, cualquier puede estar de acuerdo. No obstante, sería muy fácil demostrar que, lo más seguro, es que cada quién esté pensando, por ejemplo, en los peligros que representa el candidato por el cual no va a votar o en la importancia de hacerle oposición.
Pero el criterio parece ser diferente cuando se analiza al candidato de nuestro agrado. Ahí desaparecen los temores y, por lo tanto, la necesidad de cualquier control. Sin embargo, la cosa debería ser al contrario: al candidato que nos gusta es al que más deberíamos escudriñar, al que más deberíamos estar pensando en controlar.
No obstante, el anterior parece ser el menor de los obstáculos para adelantar la dura labor que nos espera a los ciudadanos colombianos. La limitación del poder implica reconocer que no todos los problemas no solo son susceptibles de ser solucionados, sino que en muchos casos es indeseable que sean solucionados, por los medios que tiene disponibles la opción centralizadora del Estado.
Acá es donde existe un reto enorme. Muchos ciudadanos consideran que esto se cumple para todo, menos para algunos fines que denominan “sociales” o “económicos”. Frente a estos consideran que el Estado tiene mucho qué hacer, que lo debe hacer a cualquier costo y limitando cualquier libertad. Es más, han racionalizado –y no hay forma de hacerlos aceptar la evidencia, tan contraria, como disponible – que el problema es la libertad y no la ausencia de ella.
Con estos ciudadanos, va a ser muy difícil contar en esa labor de veeduría y de restricción de la acción estatal. Ellos justificarán la mayoría de medidas: al fin y al cabo, casi cualquiera puede ser justificada como con fines “sociales”, de “justicia social” y de “mejoramiento económico”.
Otro grupo es el conformado por los ciudadanos que consideran que el Estado tiene funciones en el ámbito de la autonomía individual. Creen, por ejemplo, que la acción estatal debe servir para mantener algún tipo de “orden”, de “organización social”, con fines religiosos, de tradición o de preservación de estructuras sociales.
Si bien, estos grupos están de salida y son fuertemente criticados en la sociedad políticamente correcta de hoy, ese mismo rechazo, por alguna razón que tendría que estudiarse más a fondo, los ha fortalecido tanto que tienen capacidad de decisión política en muchas sociedades, incluida la colombiana. Estos no actuarán de manera decidida en la labor de limitación ni de oposición cuando vean incrementados sus temores frente a los cambios en la sociedad a los que tanto les temen.
Otros dos grupos más serían los indiferentes y los que creen en las funciones estatales en todos los ámbitos. En ambos casos, estos individuos no compartirán desde ningún punto de vista la limitación de la acción estatal por ningún motivo.
Así podríamos seguir y nos encontraríamos, en el límite, que el único grupo que puede, que debe asumir ese reto de adelantar esas funciones es el formado por los liberales que consideramos al Estado como el problema, no como la solución; solo ante la demostración de la necesidad, la viabilidad y la superioridad de la acción estatal, la aceptamos a regañadientes.
Por ello, sin importar quién sea el presidente colombiano desde el domingo, tenemos que pasar a ser activos en la oposición, nunca complacientes. Nunca podemos auto-censurarnos porque nuestra oposición insistente pueda ser molesta para los demás, quiénes nos tildan desde utópicos hasta insensibles, simplistas, ignorantes y demás epítetos a los que estamos acostumbrados. Puede que estemos equivocados en muchas cosas, pero no podemos ceder en nuestra labor, tan importante, para una sociedad tan amenazada como la colombiana, que es mantener espacios de libertad.
Esa es nuestra función. Tenemos que asumirla. La oposición activa, no la sujeción al poder es la función que debemos adoptar. Veremos si estamos a la altura.
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