Otra reforma tributaria en Colombia: elementos no incluidos en el debate (P)

No hay sorpresas. Sin haber transcurrido ni tres meses del nuevo gobierno, ya se está planteando la necesidad de una nueva reforma tributaria en Colombia. Claro está: en la discusión muy poco se habla de reducciones al gasto estatal y mucho sobre cuáles son las fuentes ideales para incrementar los ingresos.

Era de esperarse una nueva reforma tributaria porque, a pesar de la poca transparencia en los datos, todas la fuentes (periodísticas y estatales) muestran un incremento sostenido en el tiempo del gasto estatal, no soportado por un igual incremento del recaudo.

Este hecho podría tener diversas explicaciones. ¿Una suerte de “maldición del crecimiento”, en la que, debido al crecimiento experimentado desde mediados de la década de los 2000, se consideró que ahora sí podíamos parecernos más a los países desarrollados y, por lo tanto, dedicarnos a gastar? ¿Puede deberse a las múltiples reformas a medias que fueron dejando los gobiernos, por lo menos desde el de César Gaviria (por ejemplo, reforma pensional, entorno de negocios, apertura comercial)? ¿Tendrá que ver con la cantidad de compromisos que cada gobierno ha adquirido con diversos grupos sociales para comprar algo de gobernabilidad?

Como decía, muchas pueden ser las causas. El punto es que el gasto ha venido creciendo y no así el recaudo.

Poco se ha enfatizado en cuestionar la necesidad del gasto. La mayoría de reducciones son cosméticas (por ejemplo, en viáticos y pasajes). Pero, además, muchos de los programas se consideran intocables, así como algunas organizaciones estatales. Intocables porque algunos los consideran necesarios. Intocables porque otros consideran que no podemos (¿debemos?) dar marcha atrás. Se cree que todos son avances. Intocables porque muchos son políticamente inviables: podrían incluso paralizar el país con manifestaciones en contra.

Así las cosas, la cosa se ha concentrado en los ingresos. De allí, dos tendencias (casi consensos) se han alcanzado. De un lado, ha primado (nadie osa cuestionarlo para no ser caracterizado como insensible o algo peor) la concepción de la solidaridad. Del otro, la necesidad de un sistema tributario que no castigue más a las empresas, sino que se enfoque en las personas.

Por lo anterior, un sistema tributario progresivo ha sido la conclusión obvia, concentrado en el pago del impuesto a la renta por parte de personas naturales y, una propuesta más reciente, la ampliación de los productos que pagan el IVA con una devolución a las personas de menores recursos.

Más allá de qué vaya a pasar o de la conveniencia técnica de los impuestos propuestos y de la efectividad de las propuestas, existen varios problemas que dificultan pensar que la que viene será la última reforma tributaria y que, además, a partir de ésta los ingresos de los colombianos dejarán de estar en peligro ante futuros (y aparentemente necesarios) incrementos tributarios.

Para comenzar, está la discusión conceptual y hasta filosófica de los impuestos. La creencia de que están basados en solidaridad es una concepción desde el deber ser. Además, esto no se puede imponer, ni demostrar.

Tendríamos que partir de, al menos, tres elementos. Los impuestos se justifican si, como hace tanto tiempo señaló Frédéric Bastiat, existe un intercambio de valor por valor. Es decir, pagamos para recibir algo a cambio: puede ser la satisfacción del “deber cumplido” o del “amor al prójimo”, pero esto tiene que valorarse, no creerse que se debe valorar. Segundo, no podemos desconocer que formamos parte de una sociedad y eso implica ciertos compromisos, como el de pagar algo para ciertos gastos generales. Tercero, tiene que reconocerse que todo lo que se desea (así sea socialmente), cuesta y eso acarrea responsabilidades.

¿Los gastos son resultado de decisiones colectivas, a través de la regla de mayoría? ¿Las decisiones las toman políticos y/o burócratas sin necesariamente reflejar los deseos de las mayorías? Esto nos lleva a un segundo aspecto.

Hemos dado por inevitables e ineludibles muchas realidades. Los problemas que consideramos sociales pasan casi que automáticamente al resorte de la acción estatal, sin preocuparnos por si en realidad ésta puede solucionar el tema, no agravarlo, y/o hacerlo sin incurrir en fallas de gobierno. Hemos convertido al Estado en un ente sagrado, contra el cual está mal hablar, mucho más cuestionar.

Además, parece ser común la creencia de que que no se puede echar vuelta atrás. Confundimos los innegables avances sociales en todos los ámbitos con la creencia de que todo lo que se haga lleva necesariamente al éxito, al progreso y al avance. Pero esto no es cierto. Hay ideas equivocadas, que nos pueden costar mucho, lo que nos lleva a un problema adicional.

Tenemos un problema de comprensión y aceptación de los límites sociales y de lo que es la sociedad. Así lleguemos a acuerdos generales en todo lo anterior, hay dos aspectos que no se pueden eludir. De un lado, la escasez existe incluso para sociedades (o personas) con altos niveles de riqueza. Esto implica que el crecimiento estatal, por más que queramos creer que no, tiene límites. Uno de ellos, tal vez el principal, es que podemos gastar máximo lo que le quitemos a cada ciudadano (o que cada uno lo entregue por gusto, por solidaridad, por el bienestar general).

Del otro, por más que consideremos que deba cambiar la concepción sobre los impuestos, no podemos eludir que, primero, siempre van a existir personas que no están de acuerdo con pagarlos; personas que no comparten la narrativa de la solidaridad…o no los importa. Ellos también viven en la sociedad. ¿Cómo hacemos para que decidan participar? Porque resulta siendo injusto que unos puedan evitar participar, mientras los demás no tengan otra opción. Segundo, debemos anticipar cambios de incentivos y comportamientos que pueden afectar los resultados esperados. La sociedad es un sistema complejo que no funciona a partir de los deseos de las mayorías.

Lamentablemente no estamos discutiendo nada de lo anterior porque es incorrecto decirlo, porque se considera inadecuado o porque se ha convertido el asunto de qué pagamos los ciudadanos en algo confuso, no transparente y altamente técnico. Seguirán aprobando reformas tributarias, pero eso no quiere decir que los efectos negativos de no concentrarnos en las cuestiones profundas dejen de existir o de acumularse.

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