Investigaciones revelan pagos injustificados y programas fallidos bajo Santos y Petro
Colombia enfrenta una nueva ola de indignación pública tras conocerse que más de 36.000 millones de pesos han sido entregados en contratos públicos vinculados al sector mediático, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. Lo más alarmante no es solo la cifra, sino el destino final del dinero y los presuntos conflictos de interés que comprometen la independencia periodística.
Durante el mandato de Santos, se firmaron contratos por más de 33.000 millones de pesos, muchos de ellos con empresas vinculadas a figuras de medios nacionales. Ya en la administración Petro, los registros oficiales confirman al menos 3.200 millones de pesos ejecutados, incluyendo un contrato por 6.273 millones de pesos para un programa matutino que no cumplió su objetivo, pero cuyo pago fue cobrado en su totalidad.
¿Periodismo independiente o maquinaria financiada con fondos públicos?
El escándalo ha puesto sobre la mesa un debate que incomoda a muchas redacciones: ¿puede un medio criticar al poder si recibe fondos del Estado? ¿Hay autonomía cuando los contratos públicos financian contenidos que deberían ser periodismo independiente?
En el caso del programa matutino financiado bajo el gobierno Petro, fuentes cercanas indican que no logró el alcance de audiencia ni los objetivos de impacto esperados, y aun así, los pagos se realizaron en su totalidad, sin ajustes ni sanciones contractuales. El proyecto terminó en la sombra, pero el dinero sí cambió de manos.
Los contratos revisados evidencian pagos por asesorías, producción, difusión y servicios logísticos, sin resultados públicos verificables en varios casos. La ciudadanía comienza a preguntarse si estos recursos fueron utilizados para informar o para influir.
Se lanza concurso nacional para destapar las irregularidades
En medio de esta polémica, organizaciones ciudadanas han lanzado un concurso de investigación independiente, dirigido a periodistas, estudiantes y ciudadanos que deseen revelar la verdad detrás de estos contratos millonarios. El objetivo es claro: identificar quién recibió los recursos, qué entregó a cambio y por qué no se cumplieron los objetivos declarados.
La convocatoria incluye acceso a bases de datos, acompañamiento legal y asesoría técnica en acceso a la información pública. Además, los mejores trabajos recibirán apoyo para su publicación y difusión nacional, con el fin de romper el cerco informativo y llevar la verdad a todos los rincones del país.
¿Dónde están los controles? Silencio institucional ante posibles irregularidades
A pesar de la magnitud del escándalo, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía aún no han emitido informes o investigaciones formales sobre los contratos en cuestión. El silencio institucional alimenta la percepción de impunidad, especialmente cuando los fondos fueron entregados a actores con influencia mediática o conexiones políticas directas.
Los ciudadanos exigen que se revisen todos los convenios celebrados entre el Estado y actores privados del sector informativo, para determinar si se trata de simples contrataciones o de financiación encubierta para blindar discursos oficiales.
