El ingreso de Uber a la Argentina fue tan conflictivo como en otras partes del mundo. Las situaciones de violencia que tuvieron lugar con los sindicatos de taxistas en Buenos Aires han contado con la vista gorda de la policía, que miró para otro lado ante graves situaciones como la de “arrestos civiles” de taxistas que descargaban la aplicación para pedir un Uber, secuestrar al chofer y llevarlo a una comisaría.

En el marco del enfrentamiento legal de taxis y Uber, ahora la justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó el bloqueo a nivel nacional del dominio web de la plataforma, “las aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de los servicios de transporte que ofrece”.

El fiscal de Cámara Martín Lapadú es el cruzado en la justicia a favor de los privilegios de los taxis que consiguió este fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas que determinó que la plataforma cese de funcionar en todo el país.

A pesar de esto, Uber sigue funcionando y trabajando en una apelación que ataca por varios flancos el fallo de Cámara. Para la empresa la resolución de la justicia porteña es “ilegal” y contradice tratados internacionales firmados por Argentina.

Para Uber, solicitar que se prohíba una aplicación a las empresas que brindan servicios de conexión “viola la neutralidad de la red” y “anula la libertad de expresión en Internet”. Con relación a la medida, que afecta a todo el territorio nacional, la empresa y su equipo legal considera que “atenta contra el federalismo” porque la justicia porteña “no puede afectar con sus medidas a 24 provincias”.

En la actualidad, los directivos de Uber Argentina, Enrique Gibert, Roberto Rattagan, Ricardo Mihanovich, Fernando Cao y Diego Oliveira, tienen prohibida la salida del país. Inicialmente el fallo indicaba que en el caso de querer viajar, los imputados podrían presentarse para pedir autorización y conseguir permisos excepcionales, pero el fiscal Lapadú solicitó que esa restricción era “insuficiente” y pidió la prohibición absoluta.

Cuando comenzó el conflicto entre Uber y taxis en Argentina gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. A pesar que el intendente de Buenos Aires era Mauricio Macri, todavía la policía en la ciudad estaba bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que podría eximirse de responsabilidad a Cambiemos hasta diciembre de 2015. Sin embargo, desde que el macrismo está a cargo del Gobierno nacional y la ciudad capital todavía no ha existido una señal clara respecto a esta problemática.

A pesar de que se esgrima que es un tema que tiene que ser resuelto en la justicia, lo cierto es que la Constitución argentina es clara respecto al libre comercio y al derecho a trabajar, por lo que todas las normativas inferiores citadas contra Uber son respaldadas exclusivamente por intereses económicos sectoriales y podrían ser derogadas o ignoradas por parte de la política.

El Gobierno ha sido ambiguo con relación al tema Uber, ya que públicamente se ha manifestado a favor de los taxis, pero no ha presionado y operado dentro de sus posibilidades para que los fallos judiciales terminen con el funcionamiento de la plataforma.

PanAm Post ha conversado con diferentes representantes de Cambiemos (ministros y legisladores) que no quieren opinar públicamente al respecto porque asumen en privado que no desean enfrentar al gremio de los taxis, pero reconocen que es necesario el ingreso de la competencia al sector de transporte urbano. La estrategia implícita del oficialismo es “ganar tiempo” y mantener la ambigüedad hasta que la presencia de Uber no tenga vuelta atrás, pero sin confrontar con el tradicional sindicato de taxistas.

Fuente Panampost