Como especialista y practicante del derecho constitucional y en relación al llamado a indagatoria que le hizo la sala penal de la corte suprema de justicia al ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, considero necesario hacer las siguientes precisiones:

1- Debido a los dos fueros constitucionales, artículos 186 y 235 de la carta política, tanto como presidente y senador y teniendo en cuenta que los presuntos delitos por los cuales está llamado a responder ocurrieron en la presente anualidad y ostentando la calidad de senador y por el factor funcional, así haya renunciado a tal dignidad le corresponde la investigación penal en cabeza de la corte suprema de justicia. En los últimos ocho años se ha mantenido vía jurisprudencial de que así renuncien los aforados la investigación la hará ese alto tribunal.

2- De acuerdo al acto legislativo 01 del 2018, por el cual se establece el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, con este acto legislativo se pretende amparar el derecho de los aforados a la doble instancia en materia penal, desconocido por el estado colombiano desde la constitución de 1991, y que está protegido por los convenios y compromisos internacionales suscritos por nuestro país con otros y en virtud del principio de favorabilidad penal. La primera instancia de corresponde a la sala especial de instrucción y la segunda instancia le corresponde a la sala de casación penal de la corte suprema de justicia, como órgano de cierre.
Es decir, que la sala de casación penal de la corte suprema de justicia no tiene competencia para citarlo a indagatoria, ya que no opera como órgano de instrucción. El derecho a la doble instancia en materia penal está consagrado en el artículo 31 de la constitución: “Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”, en armonía con el artículo 29 del mismo ordenamiento, que prevé que toda persona tiene derecho a “(…) impugnar la sentencia condenatoria…” Así mismo, se encuentra consagrado en el pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) de naciones unidas y en la convención americana sobre derechos humanos (CADH), ambos ratificados por Colombia. Sin embargo, el separar en salas las funciones de instrucción y juzgamiento no garantiza plenamente el derecho a la doble instancia, toda vez que los procesos penales contra aforados seguirán concentrados en todas sus etapas en una sola autoridad: la corte suprema de justicia.

3- El senador Iván Cepeda no puede constituirse en parte civil ya que la denuncia que el instauró contra Uribe Vélez la archivaron y la presente investigación se generó de oficio, luego de acuerdo al artículo 48 de la ley 600 del 2000 el señor Cepeda no es víctima.

4- Por ultimo lo procedente en el presente caso es solicitar la anualidad de todo lo actuado a la sala de casación penal de la corte suprema de justicia por falta de competencia y enviar el expediente a la citada sala especial de instrucción, que es la que conoce en primera instancia. Y esta a su vez confirmará el llamamiento a la indagatoria o por el contrario citará a una versión libre al investigado.  carlosalfaroabg@hotmail.com