Uno de los problemas de orden público más complejos que padece el país por estos días, se está dando en el municipio de Segovia y en sus poblaciones aledañas (Nordeste de Antioquia).

Allí convergen muchos de los factores que más han producido violencia en Colombia en los últimos años: narcotráfico, bracrim, guerrilla y minería ilegal; y si a esto le sumamos que ya empiezan a operar en la región las llamadas disidencias de las Farc, todo se complica aún más, pues la extorsión va volviendo a ser parte del paisaje entre los habitantes.

A esto se le suma un actor aún menos común en poblaciones con este tipo de dificultades y es la llamada Mesa Minera, una especie de organización sindical con gran acogida en el municipio, que agrupa a las minas ilegales de la región y que debido a intereses particulares relacionados con el lavado de dinero y tráfico de mercurio, ha impedido que dichas minas se legalicen.

Líderes y autoridades locales han sostenido en diferentes oportunidades que integrantes de la llamada Mesa Minera tienen alianzas puntuales con grupos criminales, pues son ellos quienes más se benefician de sus actividades e incluso, que estos serían en gran medida responsables directos del aumento de la violencia en la región.

Asesinatos selectivos, enfrentamientos, amenazas y uno de los rumores al que más le temen los habitantes del Nordeste Antioqueño de que se vuelva realidad, el inicio de un nuevo paro minero, son la constante en el municipio por estos días.