Lección de economía para los que critican a Rappi (B)

En los últimos días, decenas de “rappitenderos” han estado haciendo plantones y manifestaciones porque no están conformes con el salario y la condiciones que tienen trabajando a través de la plataforma de Rappi, una startup reconocida nacional e internacionalmente. Lo triste es que si estos inconformes se empeñan en buscar intervención estatal para obligar a Rappi a pagar seguridad social y determinado sueldo, se estarán dando un tiro en el pie, y muchos de ellos, directo en el corazón.

Los domiciliarios que trabajan a través de la plataforma de Rappi son conocidos como “rappitenderos”. Al igual que los conductores de Uber, estas personas después de haber sido aceptadas por la empresa, se conectan a la aplicación y eligen qué servicio realizar, cuántas horas trabajar y en qué momento o lugar hacerlo. Como es evidente acá no hay una relación de subordinación; no tienen horarios ni deben cumplir meta alguna.

Toda persona está en libertad de pedir a su jefe, o a quien sea que compre sus servicios, que le aumente la remuneración. De la misma forma, la otra parte es libre de aceptar o rechazar la petición. En la actualidad, por cuenta de los sindicatos, lo que debería ser una negociación libre se ha convertido en una extorsión. Grupos de trabajadores organizados deciden parar hasta que no les concedan sus peticiones, y los jefes no los pueden echar porque el Estado protege a los sindicalistas.

Por cuenta de este sindicalismo extorsionista, muchos empresarios, para no incurrir en mayores pérdidas e incluso evitar la quiebra de la empresa, ceden a cualquier tipo de peticiones descabelladas de los sindicatos. Ninguna empresa se puede dar el lujo de mantener durante semanas, e incluso meses, trabajadores en paro a los que, por orden del Estado, les debe seguir pagando sueldo y no los puede reemplazar.

Afortunadamente este no es el caso de Rappi. Por lo que explicaba antes, entre la empresa y los rappitenderos no hay un vínculo legal laboral, simplemente se trata de personas accediendo voluntariamente a prestar sus servicios como domiciliarios a cambio de una remuneración aceptada por las dos partes. En este caso, si a los rappitenderos les parece que dan más de lo que reciben, paran y hacen marchas, o lo que se les ocurra, pero la empresa seguirá funcionando con la gente que sí se quiera conectar a la plataforma para hacer domicilios.

Lo paradójico es que si los rappitenderos que protestan, y los políticos que buscando fama y capital electoral se han solidarizado con ellos, logran que el Estado llegue con un sablazo regulatorio a imponer un salario mínimo o a obligar a la compañía a pagar seguridad social, serán los mismos domiciliarios, y la gente con menos oportunidades, la más perjudicada.

La revista Semana ha publicado un reportaje en el que muestra el caso de varios de los rappitenderos que protestan. Habla por ejemplo de Laura, quien tiene 21 años y es técnica en mantenimiento de aviones pero como no encontró trabajo en eso, desde hace un año cogió su bicicleta y trabaja en Rappi. Ahora hace parte de las protestas.

Como Laura, muchos están en Rappi porque a pesar de haber buscado una mejor opción, no encontraron nada. Es decir, en el mercado no hay nadie dispuesto a pagarles más de lo que se están ganando en Rappi. Es hora de que quienes acusan a la startup de pagar muy poco a sus domiciliarios, se den cuenta de este asunto, Rappi es la empresa que a ese grupo de personas les ha ofrecido la mejor oferta posible. De no haber encontrado ese espacio estarían desempleados o ganando menos.

Ahora bien, si por ley se obliga a Rappi a pagarle más a sus domiciliarios, a vincularlos a la compañía mediante un contrato y pagarles seguridad social, muchos de los que hoy trabajan a través de la plataforma, se quedarán sin empleo. La empresa no tendrá cómo pagar el aumento impuesto por el Gobierno y solo podrá contratar, con esas condiciones, a una pequeña parte de los que hoy consiguen su sustento gracias a la oportunidad que les ha dado la compañía.

Los rappitenderos que quisieran que el Estado regulara su sueldo no se dan cuenta que están pidiendo ser enviados al desempleo. Así como aquellos que se quejan de que Rappi no les paga seguridad social se están dando un tiro en el pie. Los políticos han hecho creer a los trabajadores que son los empresarios los que pagan las vacaciones y buena parte de la seguridad, pero no es así, siempre es el empleado el que financia eso que el Estado obliga a pagar.

El empresario, según la productividad marginal del empleado, calcula aproximadamente cuánto le puede pagar, a eso le descuenta lo de las supuestas vacaciones gratis y lo de la seguridad social, y ese es el sueldo que finalmente ofrece. Estoy segura que la mayoría de domiciliarios de Rappi, si supieran esto, no estarían pidiendo que el Estado los obligue a pagar seguridad social, sino que preferirían quedarse ellos con ese dinero y ver en qué lo invierten según sus necesidades.

Finalmente, quienes creen que los salarios se deben aumentar por ley y que así se reduce la pobreza, deberían estudiar un poco de teoría de la formación de los precios antes de ponerle cuidado a la izquierda y sus nefastas ideas que no traen más que pobreza donde sea que se aplican.

El precio de los factores de producción, incluido el del factor trabajo (que se llama sueldo), depende del precio del bien de consumo en el que sea utilizado. Es decir, el valor del trabajo de un artesano que se dedica a hacer sombreros depende del precio al que puedan ser vendidos esos sombreros.

Ahora bien, por cuenta de las diferentes fuerzas que actúan en el mercado, al empleado se le tiende a pagar el valor descontado de su productividad marginal, esto es, en palabras más fáciles de entender, el valor de lo que aporta al proceso productivo. Si el Estado obliga al empresario a pagar sueldos superiores a lo que la persona aporta a la empresa, lo que queda es despedirlo, nadie está para perder dinero ni para quebrar empresas.

Para entender mejor el asunto de por qué es mentira que sin regulación estatal los empresarios pagarían migajas a los empleados, imagine a un emprendedor aprovechado que le paga al empleado menos de lo que en realidad aporta al proceso productivo. En ese caso la ganancia sería muy alta porque está pagando muy poco sueldo, eso llamaría la atención de inversionistas hacia ese negocio. Al llegar nuevos empresarios, demandarían más mano de obra, por lo que subiría el salario, hasta que efectivamente se le pague el valor de lo que aporta.

En resumen, las ganas de los empresarios por buscar beneficios hace que se le termine pagando al empleado lo que aporta al proceso productivo. Si se quiere que los salarios aumenten, hay que aumentar la productividad, y para eso se necesita ahorro y capital. Por eso se debe proteger a los ahorradores y a los inversionistas. Intervenir para perjudicar a quienes ahorran, y a los empresarios arriesgados que buscan cómo invertir ese dinero, es frenar la generación de riqueza.

Si se quieren sueldos más altos hay que acumular capital. Un campesino en EE. UU. gana más que uno en Colombia porque allá tienen sistemas agroindustriales, tractores y todo tipo de tecnología que hace que por hora de trabajo se produzca más y de mejor calidad. Y eso fue posible gracias a que no se persigue al ahorrador ni al empresario.

Las propuestas de los que consideran que Rappi explota a sus empleados simplemente empeoran la situación. Todos queremos que la gente tenga mejores sueldos, pero aumentar el salario por ley no es la solución, si así fuera, simplemente decretemos que el mínimo sea un millón y acabamos con la pobreza. La economía real funciona de otra manera, un país es rico cuando produce más bienes y servicios, no cuando se exige a empresarios pagar más.

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