La estrategia de defensa de Roberto Prieto, el exgerente de las campañas Santos Presidente, se va a concentrar en evitar que la Procuraduría lo investigue por presuntamente favorecer a terceros para la asignación de millonarios contratos con el Estado, incluida Marketmedios, compañía de su familia.

Hace tres días, EL TIEMPO reveló que su defensa pidió anular todo lo actuado, referente a la investigación por la aprobación de unos desembolsos internacionales que beneficiaron a su familia. Según alega, como exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene inmunidad diplomática.

Además, insisten en que Prieto no es ni ha sido funcionario público, lo que lo deja fuera de la órbita disciplinaria de la Procuraduría. Y ahora, siguiendo esa misma línea, busca que sea la Comisión de Ética del BID y no la Procuraduría ni la Fiscalía quienes indaguen su conducta respecto a los contratos que Marketmedios obtuvo con el Ministerio de Transporte y con plata de ese banco.

Uno de ellos le llegó a Sergio Díaz-Granados, el actual director ejecutivo por Colombia y Ecuador del BID, el mismo cargo que desempeñaba Prieto.

Hace 11 días, Prieto le pidió su colaboración para hacerle llegar al Comité de Ética del banco una carta en la que pide que asuman el caso en su contra.

“Mucho sabré agradecerle si me colabora haciendo llegar el documento adjunto (…). Sería de gran utilidad contar con una copia en la que conste mi solicitud”, escribió Prieto hacia las 10:39 minutos de la mañana del pasado 30 de noviembre.

Seis días después, Díaz-Granados, exdirigente del partido de ‘la U’ y exministro de Santos, le respondió que ya le había dado traslado a su solicitud al Secretario Técnico del Comité de Conducta John Scott, el competente para ese tema.

En el documento adjunto Prieto le dice al banco que la Procuraduría lo está investigando por su desempeño en el BID, entre 2010 y 2013, un hecho que “considero afecta también la reputación del banco, institución que es un referente por el rigor ético”. Por eso, “muy comedidamente solicito se evalúe mi desempeño como Director Ejecutivo”.

Al final, asegura que está convencido de que cumplió íntegramente con el Código de Ética y que su conducta fue intachable. “Sería pertinente y de obligatorio cumplimiento que mi juez natural haga claridad sobre los hechos, a fin de preservar tanto la reputación del banco como la de su director ejecutivo”, remata Prieto en su carta al BID.

A raíz de las revelaciones de EL TIEMPO, el procurador general, Fernando Carrillo, le respondió: “Inmunidad no es impunidad” y su entidad sigue adelante con la búsqueda de posibles irregularidades en la conducta de directivos de ocho entidades del Estado, incluida la Cancillería, en la contratación con la firma Marketmedios.

De hecho, basados en la evidencia que compulsó esa entidad, la Fiscalía anunció el jueves la imputación de cargos a tres personas por sobrecostos y pagos sin soporte de contratos de la Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena en 2012, en los que aparece también Marketmedios.

ELTIEMPO