Throssell agregó que la Oficina espera que la CICIG pueda proseguir con su tarea hasta el final de su mandato, que expira en septiembre de 2019. (Youtube)

Ginebra, 4 sep (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró hoy su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Guatemala haya decidido no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

“Estamos preocupados por que la decisión de no renovar el mandato de la CICIG, apoyada por la ONU, represente un significativo retroceso en el todavía necesario trabajo de investigar, perseguir y desmantelar las redes criminales que continúan operando en Guatemala”, afirmó en rueda de prensa la portavoz del organismo, Liz Throssell.

La portavoz recordó que durante la última década la CICIG ha trabajado “mano a mano” con el sistema judicial y ha logrado avanzar de forma importante en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.

“Urgimos al Gobierno que asegure que la anunciada transferencia de los poderes de la CICG a instituciones nacionales no tenga como resultado que se debiliten las actuales o futuras investigaciones sobre corrupción”, subrayó Throssell.

La portavoz denunció, además, que en los últimos días ha habido acusaciones de que la Policía habría interrogado a defensores de los derechos humanos, “lo que ha hecho encender las alarmas de posibles tácticas intimidatorias contra las voces disidentes”.

Throssell agregó que la Oficina espera que la CICIG pueda proseguir con su tarea hasta el final de su mandato, que expira en septiembre de 2019.

El Alto Comisionado tiene una oficina en el país y Throssell advirtió que el organismo seguirá de cerca lo que suceda allí.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció el viernes que no renovaría el mandato de la Comisión por supuestamente sembrar el terror judicial, llevar a cabo investigaciones sesgadas y partidarias y violar las leyes locales e internacionales.

Este anuncio se produce en medio de una solicitud de desafuero presentada contra el mandatario por la CICIG y la Fiscalía, que piden retirarle la inmunidad para que pueda ser investigado por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita en la campaña electoral que lo llevó al poder en el año 2015.

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