La ONU llama represor al régimen de Nicaragua, en vista de los cientos de muertos, desaparecidos y detenidos por protestar contra el Gobierno. (WikiCommons)

Luego de la muerte, desaparición y arresto de cientos de manifestantes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó represivo al Gobierno de Nicaragua en un informe titulado Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua.

El informe consiste de 16 recomendaciones al Estado, a la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos y a la comunidad internacional con el fin de terminar con la crisis detonada por las protestas contra el régimen de Daniel Ortega desde el 18 de abril del 2018.

Para lograrlo, propone crear “una comisión internacional de investigación o una Comisión de la Verdad híbrida (nacional e internacional), en vista que las cifras de muertos provistas por el régimen difiere con los registros de la CIDH, para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas” .

La investigación en el terreno fue encabezada por Marlene Alejo, representante regional para América Central de ONU Derechos Humanos, quien declaró que la persecución se extendía desde defensores de derechos humanos hasta miembros de la prensa que se atreven a contar lo sucedido.

Las 16 recomendaciones son:

1. “Poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas”.

2. “Desmantelar y desarmar inmediatamente los elementos armados progubernamentales”. Los grupos paramilitares continúan asediando y secuestrando a los pobladores en los departamentos del país. Estos actúan a la vista y complicidad de las autoridades.

3. “Asegurar que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con todas las denuncias de serias violaciones a los derechos humanos”.

4. “Detener todos los arrestos ilegales y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente”.

5. “Asegurar que la información precisa y actualizada sobre personas privadas de libertad y la ubicación de su detención esté disponible públicamente”.

6. “Asegurar que el derecho a la libertad de reunión pacífica sea plenamente respetado”.

7. “Tomar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”.

8. “Reanudar el Diálogo Nacional de una forma debida e inclusiva”.

9. “Terminar y penalizar la estigmatización pública de quienes critican las políticas y acciones del Gobierno”.

10. “Otorgar a la OACNUDH acceso directo e irrestricto a todo el país, incluyendo a los lugares de detención”.

11. “Asegurar una cooperación efectiva con el Mecanismo Especial de Monitoreo para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.

12. “Permitir el acceso al país a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos que han solicitado realizar una visita oficial, de acuerdo a la invitación abierta de Nicaragua extendida en 2006”.

13. “Implementar su mandato, incluyendo como mecanismo nacional de prevención de la tortura, en pleno cumplimiento con los Principios de París, fortaleciendo el Estado de derecho y los derechos humanos”.

14. “Cooperar plenamente con la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos; buscar asistencia técnica de la OACNUDH”.

15. “Monitorear la evolución de la situación en Nicaragua considerando la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos y alentando a la Asamblea General a actuar de la misma manera”.

16. “Hacer un llamado a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos y con sus compromisos y promesas voluntarios”.

Pero las recomendaciones son palabras en papel, no tienen carácter ejecutorio. El siguiente paso es que el Gobierno las aplique. Sin embargo, esto no parece ser posible, pues el régimen de Ortega llamó a los organismos de la ONU “un instrumento de la política de la muerte”.

Y no está solo en su postura. Hace apenas horas, durante un evento multitudinario, simpatizantes del régimen entregaron 537.000 firmas para que lo que ellos catalogan como “derecha golpista” repare a las víctimas. Es decir, mientras observadores internacionales denunciaron la represión de fuerzas estatales, de la mano de paramilitares sandinistas fieles al régimen,contra los ciudadanos que piden la salida de Ortega, los seguidores del mandatario culpan a la oposición por haberse manifestado y desatado la violencia.

Quien también ha promovido lo anterior es la vicepresidente, que también es la primera dama, pues afirmó: “ya sabemos quienes son, que paguen por sus crímenes”.



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