El gobierno de Ortega pide la salida de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, luego que le declararon represor. (Fotomontaje de PanAm Post)

El Gobierno de Nicaragua le dio un ultimátum a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, luego que llamaron represor al presidente Ortega por los más de 322 muertos en los choques entre manifestantes, la policía y fuerzas paramilitares sandinistas.

La presidenta del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), confirmó que el Gobierno del presidente Daniel Ortega le dio dos horas a la misión de la ONU para abandonar Nicaragua el viernes 31 de agosto.

Apenas dos días después de que la ONU publicó un duro informe contra el Gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y represión, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde pone fin a la invitación que extendió a los organismos internacionales de Derechos Humanos.

El comunicado indica que  el Gobierno de Nicaragua es que ha dado por “concluida la invitación y finalizada la visita” de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), debido a que “han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen” a su invitación.

La guerrillera que le ayudó a Ortega a derrocar a Somoza, hoy denuncia la represión de su camarada

De acuerdo a la exguerrillera y exministra sandinista Dora María Téllez, la decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar una misión de la ONU, después de que denunció el “alto grado de represión” estatal en las protestas contra el Ejecutivo, aislará aún más al presidente Daniel Ortega.

“El informe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos disparó la furia de Ortega. Verdad tras verdad lo muestran como un tirano criminal y sangriento. Por eso los expulsa del país y así crece su aislamiento internacional y su derrota”, escribió Téllez en Twitter.

Tellez tiene un pasado compartido con Ortega. Ambos fueron camaradas. Como guerrillera, ella estuvo en el comando sandinista  que tomó por asalto el Palacio Nacional (1978) y tomó de rehenes a parlamentarios aliados al entonces dictador Somoza, derrocado por Ortega y sus compañeros.

Pero hoy, al ver cómo Ortega está reprimiendo a su gente, no duda en declarar en su contra. Aclara la necesidad de que haya una comisión de verdad que esclarezca los muertos y desaparecidos que el régimen niega, a menudo cambiando el motivo de su muerte y ocultando los nombres de las víctimas; pues no ha presentado listas.

Tanto que la cifra de muertos presentada por el gobierno es de 197, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanas menciona al menos 322 y organizaciones de Derechos Humanos locales de más de 450.

Cabe también resaltar que las causas de muerte varían en las cifras del Estado, al igual que el motivo de su muerte. No habla de represión policial y de las fuerzas paramilitares aliadas al régimen sino de actos terroristas por parte de los supuestos golpistas; refiriéndose a los manifestantes contra el régimen.

Por ello, por invitación del gobierno, llegó en junio la misión de la ACNUDH a Nicaragua como observador y el miércoles 29 de agosto denunció en un informe el “alto grado de represión” hacia los manifestantes en las protestas contra el Gobierno e indicó que se han registrado “más de 300 muertos y 2.000 heridos”.

Esto sumado a quienes optaron por huir de la represión. ACNUDH develó, con cifras de Costa Rica, que el país vecino acogió a alrededor de 23.000 refugiados nicaragüenses.

Asimismo resalta que “lejos de reconocer su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos”, el Gobierno culpa a la oposición.

Ante lo cual Ortega optó por desacreditar las cifras y declaraciones en su contra diciendo: “ya nadie cree” en los organismos humanitarios internacionales, incluido el de la ONU” y considera que “son instrumentos de la política del terror, de la muerte, de la mentira, de la infamia”.

Niega las afirmaciones de los organismos de la ONU que reclamaron “uso excesivo de la fuerza” de parte de su cuerpo policial.

Por ello, en el informe, Naciones Unidas pidió al Gobierno de Nicaragua que indique quién cometió los crímenes desde el 18 de abril tanto directamente como indirectamente, desde quienes dieron las órdenes como quienes los apoyaron e toleraron, detallando la cadena de mando de las autoridades implicados, alegando “estos actos no deberían quedar sin sanción”.

De modo que aún le dan a Ortega la oportunidad de esclarecer su postura, siempre y cuando la pueda sostener con evidencia; algo que hasta el momento no ha podido dar y en el campo los investigadores han observado lo contrario a lo que plantea, hasta el doble de muertos, desaparecidos y detenidos que reconoce el Gobierno de Ortega.



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