“Nos están quitando el derecho a movilizarnos, a opinar libremente, a hacer críticas al Estado”. (Flickr)

Ante las diversas acusaciones por terrorismo contra manifestantes antigubernamentales, organismos de la sociedad civil de Nicaragua decidieron presentar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso por inconstitucionalidad parcial de la Ley Contra el lavado de activos, Financiamiento al terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Según explicaron Luis Robleto y Alberto Novoa, presidente ejecutivo y asesor legal del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua, la Ley tiene una cobertura muy grande que permite al juez calificar cualquier conducta como prohibida, y adecuarla al terrorismo.

“Sabemos que el proceso judicial está empleado como arma política, y esa arma política es muy difícil, y está en manos discrecionales del judicial. Se está judicializando el derecho como arma política”, aseveró Novoa.

Por su parte, Roberto explicó que aunque la modificaciones de una ley se hacen para perfeccionarla, en este caso “en lugar de precisar y aclarar cuál es la conducta que se pena, se amplió el concepto de terrorismo y queda a merced de la interpretación, en algunos casos arbitraria, de quien va a juzgar o acusar y se pueden cometer muchas injusticias”.

“Nos están quitando el derecho a opinar”

Más allá de las “malas interpretaciones” a las que se puede prestar la reforma de esta ley, el recurso por inconstitucionalidad fue presentado porque viola los artículos 52,53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua, que garantizan la petición, la manifestación, la protesta, la reunión libre de los nicaragüenses.

“Nos están quitando el derecho a movilizarnos, a opinar libremente, a hacer críticas al Estado. Hay una especie de estado de sitio no declarado oficialmente, pero que de hecho lo estamos viviendo”, denunció Haydeé Castillo, representante del Instituto de Liderazgo de la Segovia.

Con la Ley contra el terrorismo el régimen incluso puede sentenciar hasta a 20 años de prisión, y ya ha quedado claro que para ellos los manifestantes son terroristas.

Cabe señalar que ya va más de una decena de manifestantes que han sido acusados por el delito de “terrorismo” y de acuerdo con distintas organizaciones humanitarias hay entre 300 y 400 presos políticos.

Las detenciones y las acusaciones por este supuesto delito se han convertido una otra forma de represión; esto, mas las torturas que les son aplicadas a los manifestantes una vez detenidos, y los 400 muertos y miles de heridos que han sido registrados, son una muestra más de lo que es capaz de hacer la dictadura de Daniel Ortega con tal de permanecer en el poder.

La crisis sociopolítica del país centroamericano ya lleva más de 4 meses, y a medida que transcurre el tiempo son más las víctimas afectadas por las crueles medidas del Gobierno.

A pesar de todo esto,  la sociedad nicaraguense sigue decidida a que la presión de la calle debe continuar para conseguir la democratización del país, sobretodo luego de que el presidente Daniel Ortega anunciara que no retomará el diálogo nacional porque “no funcionó”.



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