La pelea al interior del chavismo se agudiza. Tal y como se esperaba, en el marco de una supuesta “cruzada” contra la corrupción, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a Diego Salazar Carreño, primo directo del expresidente de la estatal venezolana PDVSA, Rafael Ramírez.

La detención se llevó a cabo tras el allanamiento de las oficinas de Salazar, ubicadas en la avenida Francisco de Miranda de Caracas.

El ilegítimo fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que el exfuncionario venezolano está involucrado en el caso de la unidad financiera de Andorra, tras haber cometido lavado de dinero.

Aunque era de conocimiento público el desfalco que ha sufrido PDVSA en manos del chavismo, es hasta ahora que, aparentemente, que se empiezan a tomar acciones.

Causa suspicacia que la detención de Salazar se efectúe, pues su caso se hizo público en el año 2015 luego de que se conociera que PDVSA es investigada por autoridades en Estados Unidos, tras la acusación de convertirse en un instrumento de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico.

Además, también quedan dudas de por qué Salazar no se ocultó de la “justicia” venezolana luego de haberse enterado de todas las detenciones que lo rodeaban.

Asimismo, es importante destacar que la aprehensión surge a pocas horas de conocerse la presunta destitución de Rafael Ramírez, quien se desempeñaba como representante de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas (ONU); esto, tras una disputa interna en el chavismo.

Salazar Carreño es investigado en Estados Unidos por presuntamente exigir pagos de cientos de millones de dólares a empresas extranjeras para que estas lograran concretar contratos con PDVSA.

Según el portal web Poderopedia, Salazar obtuvo un multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela y también se le vincula con la compra de la empresa de medios Cadena Capriles en octubre de 2013. Además, el empresario tenía cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), filial del Banco Madrid, calificada como una institución financiera bajo sospechas por lavado de dinero.

Salazar trató, presuntamente, de sobornar, a finales de 2012, a autoridades andorranas para que desbloquearan el dinero de sus cuentas que contenían unos USD $200 millones.

Un informe elaborado por la unidad de delitos financieros de Estados Unidos (FinCEN) informa que la Banca Privada D’Andorra facilitó transferencias por valor de USD $4.200 millones relacionadas con blanqueo de capital venezolano, bajo varios métodos para mover fondos, incluidos contratos falsos, préstamos caracterizados erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas.

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