La Alianza Cívica, compuesta por empresarios, estudiantes, campesinos, catedráticos y sociedad civil, es la contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis. EFE/Jorge Torres

 

Managua, 13 sep (EFE). – La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció el inicio de una etapa de unidad en la sociedad civil, para realizar acciones que permitan a Nicaragua alcanzar la democracia que, según sus integrantes, no garantiza el Gobierno de Daniel Ortega.

“Estamos en este proceso de unidad para construir una auténtica democracia, en la que se garanticen los derechos humanos y ciudadanos, la libertad de expresión, de asociación y de participación política y justicia social con verdadera inclusión”, informó la Alianza en un comunicado.

La Alianza Cívica no identificó a las otras organizaciones que conforman la unidad, sin embargo, existen al menos siete con objetivos similares desde el estallido social de abril pasado, más otras que mostraron inconformidad contra al Gobierno desde 2007, y que están integradas por campesinos, mujeres, entre otras, incluyendo movimientos y partidos políticos.

El objetivo de la unidad es “trabajar por el cese a la represión, la liberación de todos los presos políticos, el desarme de las fuerzas paramilitares y la investigación imparcial de los hechos y el compromiso con la justicia para todas las personas sin distinción”, agregó la Alianza.

La unidad de organizaciones también busca que “todos los nicaragüenses expresemos nuestro deseo de encontrar una solución a la actual crisis sociopolítica mediante la celebración de elecciones libres, observadas y anticipadas, como parte de la búsqueda de “la verdad, la justicia y la democracia”.

La Alianza Cívica, compuesta por empresarios, estudiantes, campesinos, catedráticos y sociedad civil, es la contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis, y que según ha dicho Ortega, “no funcionó”.

Nicaragua vive la crisis más severa desde los años 80, también con Ortega como presidente.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Las conclusiones de la Acnudh fueron respaldadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ortega niega toda responsabilidad, y afirma que la crisis se debe a un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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