La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional; además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. (Fotomontaje PanAm post)

El nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que tras el auge de cultivos de coca en el país, la sustitución de cultivos ilícitos ya no será voluntaria, sino obligatoria. Además, fue enfático al señalar que posiblemente esta medida traería más violencia, pero es una decisión que el nuevo Gobierno debe asumir.

Esta nueva estrategia de política antinarcóticos apunta a que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) no ha sido eficaz para erradicar sustancialmente el sembrado de cultivos ilícitos por parte de las familias campesinas y cultivadores.

“En primer lugar, hay que entrar con todas las entidades asistenciales: Departamento de Prosperidad Social, Sena, ICBF, Familias en Acción, para tratar de darle todo el asistencialismo posible a esas personas que están dedicadas a los cultivos ilícitos”. Y fue más allá, al señalar que la propuesta había sido puesta de manifiesto anteriormente por Duque desde su campaña.

La apuesta del PNIS hace parte del punto 4 del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC, por la cual se pretende dar “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” contenido en el capitulo de la Reforma Rural Integral (RRI), Punto 1. 

Lo que se busca es que las condiciones de vida de las comunidades rurales sean transformadas integralmente a través de la superación de actividades de economía ilícitas y, también, mediante un proceso de construcción y desarrollo participativo a través de asambleas comunitarias.

Precisamente el día de hoy, se llevará a cabo un Consejo de Seguridad en el Catatumbo (Norte de Santander) que contará con la presencia del presidente Duque y del ministro Botero para trazar la hoja de ruta de esta nueva estrategia. Pues para el ministro es necesaria la presencia institucional en esa zona para ofrecerles otras alternativas a quienes trabajan en cultivos de uso ilícito.

La persistencia de los cultivos está ligada, en parte, a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional; además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

“Es posible que la violencia aumente, y yo no quisiera, pero es absolutamente necesario tomar esas acciones. No puede uno decir que porque vaya a tener problemas no erradica los cultivos ilícitos. No podemos seguir navegando en un mar de coca”, indicó el nuevo jefe de la cartera.

Cabe destacar que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) establece que los campesinos y cultivadores que se hayan sometido a la sustitución voluntaria les estaba prohibido resembrar, no participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas y, al mismo tiempo, se les impide participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos.

A pesar de la firma de la paz en el país, la comunidad del Catatumbo sigue sufriendo la concentración de la violencia que gira en torno al portafolio de economías criminales que ofrece esta región que es aprovechada como paso fronterizo hacia Venezuela. 

Por otro lado, un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), contrario a la idea generalizada de que es rentable cultivar coca, la realidad muestra que los niveles de desarrollo y calidad de vida de las familias involucradas en el cultivo están muy por debajo de los que tiene la población rural en Colombia.

Según el sondeo, el 57% de los hogares que están en las zonas con cultivos sufren de pobreza monetaria, mientras que en otras zonas rurales dispersas, según el DANE, el índice es de 36%.

“¿Por qué se cultiva, entonces? Es importante entender que, en comparación con los productos legales, la coca puede tener una rentabilidad más baja, pero permite tener un ingreso en zonas donde existen altos costos de transporte fluvial y terrestre, en las que no hay instalaciones para el acopio o almacenamiento, faltan cadenas de comercialización y el acceso a crédito resulta difícil”, señala la investigación.



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