Un Estado sobredimensionado no hace ni deja hacer: el caso uruguayo. (Twitter)

¿Cuál es la razón de ser del Estado? ¿Qué justifica su existencia? Dilucidarlo es relevante por las siguientes razones:

Por un lado, porque la creación de los Estados supuso que el individuo renunciase voluntariamente al poder legislativo, ejecutivo y judicial que por naturaleza, le pertenecen. O sea, cedió parte de su autonomía personal a las autoridades legítimamente constituidas.

Y por el otro, porque esa estructura estatal se financia mediante el fruto del trabajo de los habitantes. Por sí misma, económicamente no aporta nada sino que por el contrario, despilfarra la riqueza de la nación. Además, sus funcionarios suelen tener innumerables privilegios y suculentos sueldos.

Por consiguiente, la existencia del Estado es una carga onerosa sobre las espaldas de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué la aceptan?

John Locke señala que consentimos porque estamos persuadidos de que nuestras vidas, propiedades y libertades estarán mejor protegidas mediante el aparato estatal que si cada sujeto debe ocuparse de ello. En otras palabras, es la confianza de los ciudadanos en sus autoridades lo que legitima al Estado. Si eso se pierde, también deja de estar justificado lo demás que su existencia conlleva.

Analizando esta cuestión desde otro ángulo, Adam Smith argumenta en forma similar. Expresa que la razón de ser del Estado, es cumplir con tres fines esenciales: garantizarles a los ciudadanos la seguridad –tanto interna como externa- y ofrecer un sistema de justicia competente (que proteja los derechos individuales).

Smith afirma que no debe ir mucho más allá de esas funciones. ¿Por qué?  Porque si expande su actividad en demasía, hará todo deficientemente por aquello de que “quien mucho abarca, poco aprieta”   y en adición, irá restringiendo el ámbito de libertad personal.

El contrato implícito entre los ciudadanos y su gobierno, es que ellos aceptan sufragar el elevado costo de mantener un aparato estatal pero las autoridades a su vez, están comprometidas a cumplir eficaz y eficientemente con sus obligaciones esenciales.

Es importante recalcar, que el ciudadano cede algo de su libertad pero retiene la mayor parte. Los gobernantes y funcionarios públicos son sus empleados a sueldo. El individuo otorga una “carta poder” a las autoridades para que actúen en su nombre pero que quede bien claro, que el “mandante” (quien da el poder) es el hombre común mientras que los que ocupan cargos de gobierno son tan solo “mandatarios”.

En consecuencia, si el ciudadano considera que su apoderado no está realizando adecuadamente la tarea que le fue encomendada -y recibe una suculenta retribución por ello- puede retomar las riendas de sus propios asuntos.

Los ciudadanos de algunos países están tomando conciencia de esto y están actuando en consecuencia. Por ejemplo, en Uruguay.

Su Estado hipertrofiado fue lo que en las décadas 1960-1970 condujo a la brutal crisis económica, social y política que culminó en la dictadura militar. Con el retorno de la democracia en 1985, los gobernantes pertenecientes a los partidos tradicionales, paulatinamente, comenzaron a enderezarlo. Pero este proceso se revertió con la llegada de la Izquierda al poder en 2005: nuevamente tenemos un Estado sobredimensionado.

En forma paralela, ha decaído en el cumplimiento de sus obligaciones esenciales; la seguridad pública es un desastre total. El accionar delictivo se ha incrementado en forma brutal, alcanzando cotas impresionantes de violencia. Los siguientes datos son elocuentes:

Según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior uruguayo, en el 2004 hubo 7.000 rapiñas (robo con violencia) y 200 homicidios. Pero en 2015 pasó a haber 21.000 rapiñas y 290 asesinatos y en 2016, hubo una rapiña cada 30 minutos y un asesinato cada 30 horas.

En 2018, las cifras de los delitos se han exacerbado en la realidad aunque han “bajado” en los papeles. ¿Cómo? Porque el ministro hizo cambiar la forma en que se  computan y además, la policía no registra muchas denuncias.

Más difícil de ocultar son los homicidios. Entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 (cuatro meses), hubo 157 muerte violentas, un incremento de 47% con respecto al mismo lapso del año anterior. Actualmente, en promedio, hay un asesinato cada 18 horas.

¿Cuál podrá ser la causa de este deterioro tan pronunciado en la seguridad pública?

Para el uruguayo medio, los culpables son los presidentes que han gobernado en los últimos años: Tabaré Vázquez (2005-2020; 2015-2020) y José Mujica (2010-2015).

Vázquez en su primera presidencia nombró como ministro del Interior a José Díaz, un socialista que, impregnado de ideología, aseveraba que los delincuentes eran unas pobres “víctimas” de la sociedad. Ergo, hizo aprobar una ley “humanitaria” para descongestionar las cárceles, que significó la liberalización masiva de casi 800 malhechores.

Al asumir Mujica, nombró como ministro del Interior a Eduardo Bonomi, su compañero de andanzas guerrilleras. En su “currículum”, el flamante jerarca contaba con la “cucarda” de haber asesinado a uno o dos policías. Desde entonces, conserva ese puesto porque Vázquez lo volvió a designar para ese cargo.

Bonomi se ha caracterizado por su incompetencia para combatir eficazmente al delito, a pesar de que ha contado con ingentes recursos. Provoca indignación porque aconseja públicamente que la gente no ofrezca resistencia cuando es asaltada. Por tanto, el mensaje emitido a los forajidos es, que “trabajen tranquilos nomás” que tienen el campo orégano.

El colmo, fueron sus dichos ante ciertos hechos que conmocionaron a los uruguayos: en un mismo fin de semana, en eventos diferentes, fueron asesinados a sangre fría dos hombres cuando acudieron a auxiliar a mujeres que estaban siendo rapiñadas.

La reacción de Bonomi frente al heroísmo y hombría de bien de esos sujetos, fue criticarlos implícitamente con estas palabras: “En esa situación me parece que no conviene la resistencia”.

O sea, que el ministro no solo es incompetente sino que incluso aconseja no ayudar al prójimo cuando está en peligro. Tal afirmación denota una degradación moral impresionante.

Ante la situación reinante, un grupo de personas decidieron organizarse para ocuparse ellos mismo de la seguridad de Toledo, su pueblo. Expresan que están hartos de vivir sometidos por una delincuencia cada vez más violenta. Por consiguiente, crearon un sistema de patrullaje civil en apoyo a la Policía, al que ya se incorporaron 51 personas.

Esta asociación está integrado por personas de todos los partidos. Hay mujeres, expolicías y exmilitares. No portan armas de fuego. Si encuentran a una persona delinquiendo, lo detienen y lo llevan a la comisaria. Los gastos de funcionamiento son financiados mediante colectas populares y el aporte de los comerciantes.

Alfredo Silva señala, que “entramos a los 49 barrios de Toledo. No estamos en esto para hacer justicia por mano propia, todo lo que vemos se lo hacemos saber a la Policía”. Destacó, que los resultados ya se notan. “Al menos ya no rapiñan en la tardecita como nos tenían acostumbrados”.

A pesar de esos auspiciosos resultados, la reacción de Bonomi fue exigir que se suspendan esas “patrullas vecinales” porque “está mal” y “no es recomendable”.

Irritante, ¿no? Un absurdo total. Pero así funcionan los Estados hipertrofiados.

Menos mal que los vecinos de Toledo hacen caso omiso de la advertencia del ministro y siguen con sus patrullajes para defender sus vidas, propiedades y libertades.

Lo que está quedando claro, es que el contrato social implícito entre el Estado uruguayo y los ciudadanos, no está siendo cumplido por el primero. Frente a esa situación, la gente está empezando a reaccionar…

 

 



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