Un experimento fracasado en Guatemala: La CICIG (Archivo)

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decidió hace unos días no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la llamada CICIG.

Esta comisión de las Naciones Unidas, por lo tanto, terminará sus funciones en septiembre de 2019, teniendo así un año para traspasar sus activos y sus funciones a instituciones locales. Para completar la acción, el gobierno también decidió impedir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, el abogado colombiano que estaba al frente de la CICIG y que ya había sido declarado como “persona no grata” por el presidente hace más de un año.

Estas decisiones han levantado una polvareda de declaraciones, a favor y en contra, tanto en el ámbito local como en el internacional. Resulta obvio que los Estados Unidos y la mayoría de la opinión pública nacional respaldan a Morales y también es muy clara la oposición que esas medidas han despertado en varios cooperantes internacionales europeos y en la izquierda local. Quienes critican al presidente destacan que la CICIG resultaba un instrumento clave para combatir la corrupción, que se considera muy extendida en el país.

Pero la decisión de Jimmy Morales, además de ser completamente legal y apegada a los convenios firmados con las Naciones Unidas, poco tiene que ver con la lucha contra la corrupción: es, en el fondo, un rechazo explícito a la injerencia abierta de la CICIG en la política local. Esta injerencia se ha demostrado muy directamente, a nuestro juicio, desde que comenzó a actuar dicha Comisión hace más de 10 años [doy completos detalles de esta afirmación en mi libro Guatemala, la historia que vivimos, ed. Grafíaetc, Guatemala, 2017].

En efecto, persiguiendo a ciertas figuras políticas y empresariales con acusaciones que tienen a veces poco fundamento, politizando abiertamente la justicia con el apoyo de algunas de las Fiscales Generales que ejercieron el cargo en ese tiempo –como Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana- la CICIG ha logrado que se abran muchas causas penales que, sin embargo, no se han resuelto todavía en los tribunales.

Las pruebas han mostrado ser débiles, en el mejor de los casos, cuando no fraguadas o presentadas por testigos comprados. Cientos de detenidos que esperan que se les haga justicia –entre ellos dos expresidentes- aguardan en las cárceles que se los declare inocentes o culpables, en un ambiente de abierta persecución.

La CICIG, por otra parte, ha presionado a los diputados para que se adopten cambios políticos, incluyendo nada menos que ciertas reformas a la propia Constitución de la república; su última acción, que despertó justificada preocupación en buena parte de la ciudadanía, ha sido firmar un convenio con el organismo que tutela el proceso electoral en el país, para tratar de ese modo de influir en las elecciones generales del próximo año.

Así, con el pretexto de luchar contra la corrupción, la CICIG se ha convertido en un claro instrumento para politizar la justicia en Guatemala, afectando su soberanía y promoviendo una agenda de cambio que choca contra la institucionalidad vigente.

Pero, y esto es lo más importante, la CICIG no ha estado sola. Su comisionado Iván Velásquez, un aliado directo de las FARC colombianas, ha recibido el apoyo no solo de la izquierda local, sino de un grupo de naciones que, de un modo bastante desembozado, pretenden imponer a Guatemala una agenda política determinada.

Apoyan a los grupos desestabilizadores que impiden el desarrollo de la minería y de las hidroeléctricas, se oponen al empresariado local al que atribuyen poderes oligárquicos, favorecen a candidatos populistas y, en fin, tratan de imponer una política que solo prospera gracias a que financian a ciertos grupos locales. La creación de la CICIG ha sido una herramienta más en esta forma de intervención internacional, un experimento que, bajo el ala protectora de las Naciones Unidas, ha intervenido en Guatemala de una manera encubierta y bastante dañina para el país.

Pero el experimento ha fracasado. Sus motivaciones políticas y su agenda ideológica han ido quedando al descubierto ante la ciudadanía, que ha comprendido que la lucha contra la corrupción es apenas el pretexto para politizar la justicia y lograr el control sobre el país.

Por eso, aunque la gran mayoría de los medios de comunicación adversan al presidente en estas circunstancias, las redes sociales han manifestado su firme apoyo a las decisiones tomadas. Muy pocos son quienes, por otra parte, han salido a la calle para adversar a un presidente que, por primera vez, se ha mostrado firme en sus acciones y en defensa de la soberanía nacional.

Esperamos que se mantengan las decisiones tomadas y que el clima de crispación que han creado los defensores de Velásquez y la CICIG se vaya disipando a medida que transcurran los días. Guatemala necesita llevar a cabo elecciones limpias y no condicionadas en 2019, porque de ello depende la continuidad institucional y el indispensable crecimiento económico del país.

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