Perú es el segundo país que más venezolanos ha recibido como parte de este éxodo, con más de 500.000 llegados en apenas año y medio, por detrás de Colombia, que bordea el millón. (EFE)

El Poder Judicial peruano volvió a emitir una decisión crucial que afecta directamente a los migrantes. En esta oportunidad les exigió a los venezolanos que presenten el pasaporte para poder ingresar a suelo inca.

La juez del Quinto Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, concedió la apelación presentada por la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior, por lo que dispuso suspender la medida hasta que se resuelva la apelación.

Ahora para ingresar a Perú los venezolanos migrantes tendrán que presentar su pasaporte, o, en su defecto, se verán obligados a solicitar refugio.

El pasado 5 de octubre, la misma magistrada declaró fundado el hábeas corpus interpuesto por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) contra la resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones que estableció el pasaporte como requisito para que los ciudadanos venezolanos ingresen al Perú, ordenando revocar esa medida. Sin embargo, luego de la apelación presentada, determinó suspender los efectos del fallo.

“Concédase la apelación que se interpone con efecto suspensivo”, señala el texto de la notificación, que implica que la eficacia de la sentencia queda suspendida hasta que el juez superior confirme la resolución apelada.

Óscar Pérez, quien preside la ONG Unión Venezolana en Perú, sostuvo que es deber del Gobierno peruano garantizar la seguridad y orden interno del país, por lo que comprende esta decisión. Sin embargo, mostró su preocupación debido a que tramitar un pasaporte en Venezuela se ha convertido en un “verdadero privilegio”.

Asimismo, Pérez comentó que luego de que el pasado 5 de octubre se declarara fundado el hábeas corpus contra la resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones que estableció el pasaporte como requisito para ingresar al Perú, no solo aumentó el ingreso de migrantes procedentes de Venezuela, sino también de ciudadanos venezolanos que se encontraban en otros países.

Según datos del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) Tumbes, desde que empezó a regir el ingreso de los venezolanos sin pasaporte en cumplimiento del fallo inicial de la jueza San Martín, el ingreso diario de migrantes venezolanos se incrementó de 1.300 a 2.000, con tendencia al alza.

Desde entonces, se calcula que más de 18.000 venezolanos han ingresado a Perú, de los cuales se estima que el 35 % lo ha hecho con su cédula de identidad.

Perú es el segundo país que más venezolanos ha recibido como parte de este éxodo, con más de 500.000 que han llegado en apenas año y medio, por detrás de Colombia, que bordea el millón.

La mayoría no dispone todavía del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el documento especial establecido por el Gobierno peruano para darles residencia y que puedan trabajar y estudiar legalmente.

Por su parte, Villca Fernández expreso político de la dictadura venezolana, quien actualmente se encuentra en Perú, también reaccionó ante la medida:

Y es que conseguir un pasaporte en Venezuela puede costar unos USD $1.000 en el mercado negro, en un país donde el salario no supera los 1.800 bolívares mensuales (USD $29,8 tasa oficial y USD $18,9 según el mercado negro).

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) señaló que el éxodo venezolano se acerca a un momento de crisis; el Washington Post señala que se trata la mayor crisis en el hemisferio; y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) señala que es un caso “único” en la región.

La preocupación de la región por tratar de resolver y afrontar el tema migratorio llegó hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se discutió el flujo masivo de venezolanos y surgieron una serie de propuestas.

La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofreció una serie de recomendaciones a los países de la región para tratar esta situación sin precedentes; entre ellas dijo que se debía garantizar el derecho a la nacionalidad y entregar documentos de identificación.

La CIDH propuso, además, implementar una estrategia coordinada, en la que no se criminalice la migración, se repudie la xenofobia y se creen campañas educativas. Asimismo, responder eficazmente con políticas regionales innovadoras, enfocadas en la protección de los derechos humanos.

Por su parte, el Instituto de Migración también señaló que “no hay que dejar que la gente caiga en la irregularidad”, y propuso políticas que permitan la integración laboral, profesional y escolar de los venezolanos migrantes. Agregó que “quizás esta migración no sea temporal”.

A estas propuestas se suma el compromiso de la OEA de captar recursos para hacer frente al éxodo masivo.

Pasaporte venezolano, el tercero más caro del mundo

El pasado 5 de octubre Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, anunció que los venezolanos que necesiten sacar su documento, deberán pagar una cantidad de 200 dólares, mientras que, quienes necesiten la prórroga de este documento tendrán que pagar USD $100.

Con este valor actual de USD$ 200, el documento venezolano pasa a ser el tercero más caro del mundo, por detrás del turco (USD$ 251) y el de Australia (USD$ 206).

A pesar de que la dictadura ofreció los nuevos precios oficiales del pasaporte, la mayoría de los ciudadanos que quieren salir del país se ven obligados a acudir al mercado negro, donde pagan aproximadamente USD $1.000 para adquirir este documento, debido a que desde hace aproximadamente dos años el sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería está paralizado.



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