El año 2017 trajo consigo las muertes más conmovedoras, las que nadie quiere comunicar, las inimaginables: las de niños. Todas ellas tuvieron factores en común: el secuestro, la búsqueda intensa de una sociedad paralizada por el horror, el abuso sexual y, finalmente, el asesinato.

No, no es que antes lo descrito no sucediera. La perversidad y la monstruosidad han estado siempre allí, en los rincones de la psiquis humana, esperando un clic para activarse y así proceder a ejecutar lo impensable. Este año, sin embargo, estos hechos se sucedieron bruscamente; todos cobrando notoriedad para desembocar luego en el peor desenlace.

Ninguno de esos niños, que deberían estar hoy entre nosotros, yendo a la escuela, jugando y preparándose para el verano, será nombrado en estos párrafos. No es mi intención omitir aquellos casos que por una razón u otra no tuvieron la misma exposición, ni minimizar tampoco las acciones de algún pedófilo que, por un tino del destino, no se convirtió en asesino. Todos son horrorosa, desgarradoramente culpables. Todos, sin excepción, merecen un castigo acorde a sus crímenes inefables.

Hoy los uruguayos se debaten entre abrazar a los victimarios (siendo la máxima representante de esta postura Fabiana Goyeneche, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo) y castrarlos (como propone el senador nacionalista Jorge Larrañaga) o implementar la pena de muerte.

Goyeneche, desde el oficialismo, prácticamente plantea ofrecer todo nuestro amor a viles asesinos, en lo que fácilmente podría interpretarse como una negación absoluta de la gravedad del problema -y de serias patologías-. Son hijos de una sociedad patriarcal, insinúa. Son, a fin de cuentas, nuestros hijos, los que hicimos con nuestra cultura sexista y discriminadora, pareciera decir

En el otro extremo de la ridiculez se encuentra el senador de la oposición Jorge Larrañaga con una sugerencia que atenta contra el sentido común, y que condenaría (incluso más) a Uruguay a vivir en el tercermundismo – sólo un puñado de países en el mundo admite la castración química.

El resto de los uruguayos clama por pena de muerte. La reacción no es difícil de comprender: la indignación ante la aberración es lo sano, lo que debe suceder. Quizás en esta exaltación de los orientales radique la salvación del país.

No obstante, la pena de muerte, lejos de ser esa solución mágica que muchos desean, no se traduce en ninguna ventaja y figura entre los peores rumbos que los uruguayos podríamos tomar en tanto sociedad

En primer lugar, como está ampliamente comprobado, la pena capital no tiene incidencia alguna en la disminución del crimen. En otras palabras, no es eficaz. Por lo tanto, si lo que se pretende es buscar vías de disuasión de ejecución de abusos sexuales y homicidios, la pena de muerte no es la respuesta

En una segunda instancia, darle al Estado el poder de matar a sus ciudadanos es una pésima idea – ¡basta ver cómo lo administran!

Aquí la ecuación es muy básica: mientras más poder tenga el Estado, menos tendrá el individuo. La pena capital es un atentado a la libertad y a los ideales liberales

En tercer lugar, defender la pena de muerte es ignorar la naturaleza de la mente criminal. Un asesino no valora a la vida como lo hacemos el resto de los mortales. Para un homicida, la vida no tiene particular relevancia (por eso hace lo que hace). La amenaza de muerte para un malhechor de esta magnitud no significa nada. La muerte es la salida fácil, la menos dolorosa, la más liberadora. ¿Pretendemos darle tal honor a un pedófilo homicida? ¡Yo no!

Es cierto que la pena máxima en Uruguay es muy baja, y que quizás deberíamos seguir otros modelos. Las propuestas y alternativas deben nacer en el seno de una sociedad indignada, sí, pero también racional. Deben también estar acompañadas de educación. Los debates deben copar los hogares, las calles, el Parlamento.

Sólo una premisa es segura: una buena forma de evitar que haya más asesinos en Uruguay, es no convertirnos en uno.

PANAMPOST