Por: Benedicto Truman.

La lucha contra la corrupción política está a punto de echarse un gol. El Congreso acaba de pasar en último debate un proyecto importantísimo para la regulación de la contratación estatal, justo cuando se le endilgaba al gobierno del presidente Duque poco margen de maniobra para lograr aprobar las reformas necesarias encaminadas a cumplir las órdenes del pueblo colombiano que una vez fallida la Consulta Anticorrupción, Duque se comprometió a cumplir. A través de la gestión de los documentos tipo se establece un pliego de condiciones que  reglamenta las licitaciones públicas y se le atraviesa de frente a los contratos diseñados a la medida de un oferente, como los pliegos sastre.

Llovían críticas a la ministra Nancy Patricia porque sólo 3 proyectos de ley de los 13 que lideraba habían tenido éxito. Contaban someramente la cuestión de la mermelada y los errores que al interior del Congreso habían tenido lugar para atravesársele a este tipo de iniciativas. Pero lo que  por un período fue un decreto gubernamental auspiciado por directriz presidencial está a punto de materializar su trámite parlamentario una vez ocurra la conciliación entre las dos cámaras. La ministra Nancy Patricia le mostro los dientes a la corrupción y demostró una vez porque en un gabinete técnico ella es la titular de la política.

La ley de los Pliegos tipo persigue el establecimiento de una serie de requisitos como documentos base, matrices, presupuestos, cronogramas e indicadores, y otorga a Colombia Compra Eficiente, ─la oficina gubernamental del departamento de Planeación encargada de evaluar la contratación y compra estatal así como la de establecer dichos requisitos─ un mayor músculo para intervenir las licitaciones regionales y locales. Buscando mayores niveles de transparencia en la contratación y asegurando la participación de la pluralidad de licitadores, el gobierno y la ministra de la política le dan cumplimiento a la orden expresada por por 11 millones 500 mil personas que votaron en agosto de 2018.

En el mismo empeño de luchar contra la corrupción muchos han expresado sus preocupaciones acerca de la regulación de la que debe ser objeto Colombia Compra Eficiente. Y pese a que anteriores intentos de introducir un consejo consultivo con actores regionales despertaron las suspicacias de un posible mico colgado a la ley, existe la conciencia de la necesidad de regular estas posiciones de poder central para que se articulen con las necesidades y el desarrollo locales.

El gobierno sigue férreo en su propósito de cortarle la corriente a la corrupción, la cartera de la política ha desplegado su experiencia política y parlamentaria para lograr pasar un proyecto urgente. El Congreso ha mostrado que si es posible legislar contra la corrupción y el pueblo puede empezar a ver satisfechas sus demandas contra la corrupción, que cada año que le cuesta al país más el 5 % del PIB y el 15% del presupuesto que equivaldría 50 billones de pesos.