Por: Isaac García.

La seguidilla de acusaciones públicas de Vargas Lleras contra la gestión del actual gobierno en materia de infraestructura se encuadra en un contexto en el que apartado de las esferas de poder gubernamental, proporciona el mejor escenario para lanzar acusaciones, otorgar relevancia a su figura política y reponerse del apenas insignificante apoyo ciudadano a su aspiración presidencial en 2018.

Un contexto en el que el Paro Nacional plantea ─en algunos de sus puntos─ una agenda de trabajo desproporcionada de la realidad constitucional y se enarbolan unas exigencias que no hacen conciencia de las posibilidades de la billetera de la nación.

Un contexto en el que algunos partidos políticos y sus directivos y muchos los congresistas encontraron en la negativa del presidente a la corrupción, la manera más acertada para buscar dádivas corrompidas a través de oponérsele a la gobernabilidad y a atravesársele a cuanta iniciativa legal presenta el Gobierno.

Un contexto en el que el crecimiento económico del país supera los números de la región y en el que la posición que las calificadoras de riesgo financiero asignan al mismo depende en una buena medida de su solvencia fiscal, garantizada en los próximos años por la ley de crecimiento económico.

Allí en ese contexto es desde donde hay que leer las críticas y comportamiento de Vargas Lleras y comparar la situación que describe con lo que sucedía cuando hacía parte del gobierno, en la administración.

En 2015, Vargas contaba con dos ministerios en el gobierno: vivienda y transporte. La cartera de transporte que cuenta con un presupuesto destacable, por entonces adelantaba importantes obras que excedieron los plazos de entrega y presentaron sobrecostos. Tal es el caso del puente Pumarejo que por estos días el gobierno Duque está inaugurando en Barranquilla. En abril de ese año el ministerio adjudicó a Sacyr  el proyecto por un costo de 615 mil millones de pesos y según investigaciones de la Procuraduría presentaría sobrecostos que rondan los cinco mil millones. Además el cronograma excedió los tiempos estipulados, sobrepasando los 36 meses previstos. Todo apunta que a  la preocupación de Vargas por la infraestructura  no le alcanzó el tiempo para continuar haciendo seguimiento a los proyectos de su más preciado interés. Y que mucho de lo que hoy intenta criticar se refleja en las obras que adjudicadas en su administración muestran haberle quedado grandes toda vez que no se lograron bajo las condiciones establecidas.

Vargas Lleras parece olvidar que la tarea de la infraestructura se le salió de las manos a la administración de la que hizo parte, la misma que dejo el país en obra y que permitió que la corrupción, los retrasos y los sobrecostos  se colaran en los contratos de grandes proyectos víales de doble calzadas, viaductos, túneles y puentes. La ruta del Sol II y los casos de corrupción que involucran a la cartera con las multinacionales  cuestionadas son signos  de que no le fue bien a la infraestructura nacional bajo la batuta de Germán Vargas.

Una vez se le pone el retrovisor a los asuntos con los que el ex vicepresidente acusa al gobierno actual y se mira hacia muchos de los proyectos gestionados bajo su influencia se puede interpretar en la conducta de Vargas Lleras más que una preocupación por el transporte de los colombianos, los signos de una sed de poder, que hoy parece ver en su crítica aquello mismo que hace un tiempo a él mismo le era ausente.