Un entramado de transacciones burocráticas y conveniencias mutuas sacude los cimientos de la institucionalidad electoral colombiana. Hace escasos quince días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó la personería jurídica al partido Defensores de la Patria, liderado por Abelardo de la Espriella.
Sin embargo, detrás del anuncio de esta nueva colectividad se oculta una negociación clandestina articulada en condiciones operativas jamás vistas en la historia política del país superando incluso las prácticas de mermelada y componendas observadas en administraciones pasadas como la de Juan Manuel Santos.
Para que la personería jurídica de Defensores de la Patria viera la luz, Abelardo de la Espriella y el estratega Carlos Suárez debieron sentarse a negociar directamente con la ficha clave del petrismo en el seno del Consejo Nacional Electoral. A través de este cabildeo, el acuerdo se gestó directamente entre el movimiento y la alianza del conservatismo petrista, encabezada por Carlos Trujillo y Efraín «Fincho» Cepeda. Bajo este esquema, los votos dentro del organismo electoral se alinearon plenamente con la estrategia impulsada por el «Jaguar», figura que encarna la influencia directa del expresidente Gustavo Petro.
El pacto, no obstante, incluyó una condición draconiana de retribución: a cambio de entregar la personería jurídica (un aval endeble que, según analistas jurídicos, enfrenta inminente riesgo de caerse en el próximo mes), la cúpula de Defensores de la Patria aceptó respaldar e incluir como candidato a la ficha del Pacto Histórico e intermediado por el Jaguar y sus aliados conservadores: Parra Fandiño, cuyo nombre ya figura en los listados internos de postulaciones.
Se trata de un negocio político en el que la personería jurídica se otorga con fecha de expiración, pero a cambio de comprometer apoyos electorales clave que terminan alimentando la agenda del oficialismo en las regionales a través de la alianza entre Fincho Cepeda y Carlos Trujillo.
La estructura electoral que se consolida alrededor de este diseño institucional alberga a figuras caracterizadas por extensos antecedentes y salpicadas por los escándalos de corrupción más graves del país, incluyendo las redes que operaron en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD):
-Carlos Trujillo: El eterno exalcalde y cacique político de Itagüí, récord en el Senado cosechando masivas votaciones en el departamento de La Guajira, y uno de los principales artífices de la alianza del conservatismo petrista.
-Efraín «Fincho» Cepeda: Barón político caracterizado por su vehemente discurso público contra la izquierda, pero con un pragmatismo interno totalmente alineado con las fichas del Jaguar (Gustavo Petro). Esta alianza le permite consolidar el control del Partido Conservador y sus negociaciones burocráticas.
-Alex Vega: Pieza neurálgica señalada de la pérdida de mayorías del Congreso para la oposición, tras haber impulsado alianzas contradictorias con el Centro Democrático y la entrega de espacios institucionales.
-José Antonio Parra Fandiño: La ficha designada para encabezar la candidatura en esta alianza con las huestes del Pacto Histórico y del conservatismo aliado.
El objetivo de fondo de esta estrategia calculada apunta a las próximas elecciones regionales, el terreno estratégico donde la izquierda continúa posicionándose y afianzando su poder territorial.
La Contraloría, la Procuraduría y ahora el Consejo Nacional Electoral operan como una tenaza institucional diseñada para extorsionar a los partidos políticos y coartar la entrega de avales en las regiones. Mediante investigaciones disciplinarias, investigaciones fiscales y trabas administrativas en el CNE, las fuerzas del oficialismo buscan entrampar, silenciar o inhabilitar a los candidatos y colectividades de la verdadera oposición de cara a los comicios locales.
Tal como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque —donde de un universo de más de 1.050 municipios, las mayorías territoriales terminaron siendo conducidas hacia la izquierda—, el aparato institucional se encamina a imponer dilaciones y vetos a los avales opositores para asegurar el control del poder local.
Este ajedrez revive los antiguos pactos entre sectores del Centro Democrático y el petrismo, similares a los acuerdos suscritos en su momento para capturar la Presidencia del Congreso y la Contraloría General. En esta nueva fase, el esquema cuenta con un socio utilitario, asumiendo el rol de idiota útil: el Tigre.
Mediante el respaldo del Tigre, las fuerzas oficialistas y la maquinaria conservadora de Trujillo y Cepeda (bajo la batuta del Jaguar, Gustavo Petro) buscan posicionar a un nuevo magistrado del CNE afín al gobierno. Este movimiento garantizará que el quórum y las decisiones claves respecto a la entrega de avales, impugnaciones y resoluciones de disputas de cara a las contiendas regionales se inclinen irremisiblemente a favor de la alianza oficialista y en perjuicio de la verdadera oposición.
Porque ya tienen procurador que extorsiona, contralor que extorsiona y presidencia del Congreso que extorsiona. Y ahora con magistrados del CNE extorsionando, pues esto huele como a un proceso 8.000 o un proceso UNGRD al cuadrado. En solo 15 días de haber empezado el gobierno del Tigre, los jaguares se multiplicaron y se le crecieron.
