Por: David Santos.

Más que un motivo de alarma, la ley de crecimiento económico que por estos días se aprobó en las comisiones terceras del congreso, debería servir para que los organizadores del Paro y los Estudiantes por fin se concienticen de las bondades de sentarse ahora a dialogar y tener posibilidad de intervenir en el curso y contenido de la remozada ley de financiamiento que se discute en el legislativo.

El gobierno ha mostrado sensibilidad social y ha introducido modificaciones al proyecto declarado en una primera forma inexequible por la Corte Constitucional. Para estimular el bienestar y el consumo ha propuesto la exención total del IVA por tres en el año. Para provocar mayor calidad de vida en las personas de tercera edad ha presentado la reducción al aporte a la salud de los pensionados. Para propiciar mejores condiciones a los económicamente más vulnerables  ha introducido la devolución del IVA al 20% más pobre. Para promover la creación de empleo —en especial el juvenil—ha dejado por escrito su intención de devolverle el 120% de los costos laborales a quienes ocupen laboralmente a los jóvenes. Porque siendo sensatos y en crítica de cualquier utopismo radicalista que protesta contra la modernidad capitalista, hay que buscar la plata con que financiar el costo de las demandas de las calles. Es hora de conversar, de dialogar, de intervenir.

Porque a mayor crecimiento económico y con propuestas de redistribución del ingreso como la devolución  completa del IVA, millones de colombianos pobres podrán acceder más fácilmente a una serie de bienes y de servicios que encarecían su adquisición tras el impuesto al valor y éste mismo  era una barrera para el consumo: la tecnología, los servicios de telefonía celular y telecomunicación, multiplicidad de oferta de alimentos y de vestuario. En la tarea de gobernar para todos, las clases medias obtienen la eliminación del impuesto en tres jornadas. Y las personas jurídicas y los de mayores ingresos si producen empleos para jóvenes podrán ver retornados los honorarios pagados. Esto es una reforma en la que todos se meten la mano al bolsillo y todos resultan beneficiados.

Una serie de elementos como la disposición gubernamental al diálogo directo, la invitación a una conformación de una Conversación Nacional, la posibilidad coyuntural de acaso intervenir e introducir las demandas sociales en el trámite legislativo están indicando un momento adecuado para que por fin los manifestantes del descontento se sienten a la Mesa. 

 

Y se sienten de cara no  a las pretendidas ilusiones de las ideologías contraliberales y sus excesos estatales  sino antes ante la posibilidad de encontrar en el diálogo un lugar de encuentro de la conflictividad de la multiculturalidad de intereses políticos y sociales que tienen que organizarse en una nación, con las debidas atenciones a la justicia social, la redistribución del ingreso y  la equidad, la producción de empleo, el mejoramiento de las condiciones de vida, una mejor educación, el cuidado de la creación y el respeto de los derechos de las minorías, la corrupción.

Que acudan al encuentro con espíritu de patria y ánimo de país conociendo su realidad fiscal, manteniendo una más rigurosa disciplina fiscal desde la que se puedan solventar los requerimientos ciudadanos del inconformismo. Porque una cosa es cierta y es que la deuda pública ha superado el equivalente al 50% del PIB y a eso se debe a inamovibles como reducir el gasto público y al impacto de las exenciones tributarias sobre el recaudo, que en todo caso permiten el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza. Nos toca a todos meternos la mano al bolsillo a sabiendas que a mayor tributación mejores condiciones de vida, tal como lo muestran los países de la Ocde para los que en promedio el 35,4 del PIB obedece a los ingresos fiscales en comparación a un 18,8% de Colombia.

Es momento de aprovechar las oportunidades y ser responsables con el país.

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