La Fiscalía General de la Nación declaró el asesinato del conservador Álvaro Gómez (1919-1995), hijo del expresidente colombiano Laureano Gómez (1950-1953), como delito de lesa humanidad luego de realizar un análisis detallado y completo de la forma como ocurrieron los hechos. Tuvieron que pasar 22 años para que el organismo tomara la decisión con base en una exigencia que venía haciendo su familia con el fin de esclarecer el asesinato que a la fecha no ha declarado culpables, pese a los indicios y señalamientos dentro del material probatorio recaudado a través de estos años.

La justificación de la Fiscalía apunta a que no fue un asesinato ordinario, sino que la orden de ultimar al líder conservador hizo parte de un plan criminal y sistemático con claros propósitos. Esto significa que el proceso penal que se adelanta en la investigación del crimen no tendrá fecha de vencimiento.

Asesinato

Álvaro Gómez fue ultimado en la ciudad de Bogotá el jueves 2 de noviembre de 1995, luego de haber sido un fuerte crítico y opositor al Gobierno de Ernesto Samper, fue víctima de un atentado por sicarios cuando salía de dictar su respectiva cátedra en la Universidad Sergio Arboleda en horas de la mañana. Una hora después, el líder conservador murió en la Clínica del Country junto a su escolta y asesor jurídico, José Huertas Astamorir, quien también recibió los disparos.

Si bien la familia, por muchos años, ha señalado que la muerte se trató de un crimen de Estado organizado por personalidades políticas, la Fiscalía General asegura que el plan de asesinar a Gómez fue planeado y ejecutado por el narcotráfico, que para esa época se dividía en el Cartel del Valle y de Medellín. Como señala El Tiempo la familia afirma que Álvaro Gómez ante la polémica de su discurso nunca llamó a tumbar al Gobierno de Samper, sino a un régimen contaminado por la corrupción y el narcotráfico.

En la investigación se han recogido testimonios importantes para esclarecer el delito. Las declaraciones de alias ‘H. H.’ y Salvatore Mancuso apuntan a que en esa época se trató de converger un plan entre capos del narco y jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para controlar el país. Asimismo, alias ‘Don Berna’ le habría propuesto a Carlos Castaño máximo líder de las AUC secuestrar a Álvaro Gómez. Mientras que Luis Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’ mencionó que la muerte significó un favor al Gobierno de Samper.

Su familia

En 2015, su hijo, el periodista Mauricio Gómez, en dialogo con Noticias Caracol acusó al expresidente Samper y su entonces Ministro de Gobierno, Horacio Serpa, de propiciar la muerte de su padre. Se refirió además de la muerte de uno de los testigos clave del caso, el abogado Jesús Ignacio Londoño. Desde la cárcel, Luis Hernando Gómez Bustamante mejor conocido como alias Rasguño, exnarcotraficante del Cartel del Norte del Valle, explicó que Londoño había fungido como intermediario entre el narco y los políticos que habrían ordenado la muerte de Álvaro Gómez, a lo que su hijo responde que estos políticos son, “obviamente el señor Ernesto Samper y Horacio Serpa, que eran muy amigos de este señor que viene a ser asesinado.”

Según Mauricio Gómez al no haber ninguna prueba contra Samper y Serpa dijo, “Serpa sí está vinculado. Lo que pasa es que por tener el fuero de parlamentario el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia.” Y fue más allá, “el expresidente Samper recibió el dinero de los narcos para ser elegido y no le pasó nada. Tan no le pasó nada que ahora está de embajador de Colombia”, dijo.

Por otra parte, añadió que la Fiscalía a cargo del exfiscal Eduardo Montealegre (2012-2016) no adelantó las investigaciones pertinentes ni tuvo en cuenta el acervo probatorio que implicaría a los políticos en el crimen. “Hay unas pruebas sumamente graves en contra de Samper y de Serpa. Pero este es un fiscal amigo de ellos y por lo tanto no va a hacer nada, como no lo ha hecho.”

Asimismo, Enrique Gómez, sobrino de Álvaro Gómez, dijo a W Radio que no ha denunciado a Ernesto Samper, con pruebas documentales, por temor a su vida y la de su familia. “Hay un informe de enero de 1996, que es conocido por la DEA, donde se encuentra la declaración de Guillermo Palomari donde señala que en marzo de 1994 en presencia de él y de Miguel Rodríguez Orejuela, Gilberto Rodríguez Orejuela y Pacho Herrera, el expresidente Ernesto Samper le pidió al Cartel de Cali que asesinara a Álvaro Gómez”, reveló Enrique Gómez, quien también es abogado de la familia.

Samper-Serpa

Los liberales Ernesto Samper y Horacio Serpa han señalado en varias ocasiones que las acusaciones hechas por la familia del dirigente conservador en su contra son infundadas. Además, han manifestado en acudir a la justicia para que se les investigue por la insistencia de la familia en señalarlos como responsables del magnicidio. Pues los políticos en su defensa han señalado que el crimen de Álvaro Gómez “fue un magnicidio ordenado por la derecha” con el fin de desestabilizar el Gobierno de Samper.

Luego de la declaración de la Fiscalía en catalogar el crimen como de lesa humanidad, Samper dijo a través de una misiva que se debe acabar con la impunidad en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez. También señaló que no se debe descartar ninguna línea de investigación y en especial lo dicho por Myles Frechette, exembajador de Estados Unidos en Colombia de la época. De acuerdo con Samper, Frechette aseguró que a Gómez Hurtado fue asesinado por un grupo de militares y civiles “de derecha” por negarse a participar en un golpe de Estado contra su Gobierno.

Hasta ahora el Senador Horacio Serpa no se ha pronunciado sobre la investigación penal.

La fiscalía de Montealegre

Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez reiteró en RCN Radio que el exfiscal Eduardo Montealegre “es uno de los más grandes bandidos de este país”.  Y agregó, además, “fíjese quién está de Ministro de Justicia hoy, un señor que votó por él para que su periodo se alargara y después el señor Montealegre le pagó con contratos”.

En septiembre de 2015, cuando la investigación estaba a punto de prescribir Montealegre eludió la petición de declarar la lesa humanidad del delito y decidió ampliar hasta el 2022 la fecha de preclusión del asesinato de Gómez. Para el hijo del dirigente conservador, existe una conspiración de la justicia colombiana en  “tapar la verdad” y no permitir que avancen las investigaciones para hallar a los responsables. Sin embargo, señala que bajo la dirección del nuevo Fiscal General Néstor Humberto Martínez tienen la esperanza de esclarecer el hecho y dar con los responsables.

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