El Gobierno de Mauricio Macri decidió cortar con la tradición de mantener la Ley de Emergencia Económica que estuvo vigente los últimos 16 años y que fue extendida por última vez en 2015, durante los últimos meses de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde 2002, en el Gobierno de Eduardo Duhalde, que finalizó el período de Fernando de la Rúa luego de la crisis (y el golpe) de diciembre de 2001, que Argentina se encontraba formalmente en “emergencia económica”. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos mandatos de su esposa (2oo7-2015) que una y otra vez se renovaba esta ley, la cual le daba ciertas atribuciones extraordinarias al presidente.

Esta emergencia, que supuestamente iba a ser temporaria y breve, y se mantuvo durante cuatro gobiernos peronistas, permitía al Poder Ejecutivo establecer el tipo de cambio entre el peso argentino y las monedas extranjeras, establecer impuestos y retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar contratos de empresas de servicios públicos privadas y regular los precios de la canasta básica de alimentos.

Renunciar a estas atribuciones representa, por un lado, un punto de coherencia entre el discurso que adoptó el presidente argentino y las políticas que implementa (cosas que no siempre están de la mano), pero también se trata de una muestra de previsibilidad y confianza al exterior.

El hecho de abandonar esta herramienta, que comenzó en medio de la última gran crisis que tuvo Argentina, sin duda representa la pérdida de una serie de prerrogativas de las que puede hacer uso el Poder Ejecutivo, y también se trata de un paso hacia adelante en búsqueda de la normalización del país.

Esta medida se encuentra entre los puntos fundamentales a la hora de generar previsibilidad para conseguir inversiones de envergadura, que, hasta el momento, Argentina no ha podido concretar a pesar de la salida de Cristina Kirchner del Gobierno.

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