Lo grave para la paz es que Washington pretenda volver al pasado sin que dé la oportunidad de demostrar que la disminución también pasa por los acuerdos con la insurgencia.
Uno de los temas que más caracterizó las relaciones de Colombia y EE.UU. en el gobierno Obama fueron la paz y los derechos humanos, periodo durante el cual se fueron reduciendo los recursos del Plan Colombia cuya estrategia central era atacar el narcotráfico y combatir a la guerrilla. Ese énfasis en el apoyo a la paz quedó marcado en el nuevo plan de ayuda bilateral, el PazColombia, en el que la mayor parte de recursos irá para el postconflicto.
Durante ese tiempo se creyó que estaba superado el periodo en el que la agenda de los dos países giraba en torno del narcotráfico debido a la reducción de los cultivos de hoja de coca por debajo de las 60 mil hectáreas en 2010 (según cifras del Departamento de Estado) en contraste con las 160 mil del año 2000, cuando las Farc estaban activas y con un amplio control territorial en las zonas de producción.
Pero las alarmas vuelven a encenderse en Washington en torno a la disparada en la producción de coca, en momentos en que se tiene la visita al país del ex embajador Donal Brownfield secretario de Estado adjunto para Narcóticos y Asuntos de seguridad de Estados Unidos, con delegados de la DEA y la CIA. No traen la cifra oficial, que ellos estiman en 200.000 hectáreas en 2016, muy por encima de los 159.000 de 2015, según su monitoreo (el de la ONU las calculaba en 96.000).
Aunque en la conversación telefónica de los presidente Santos y Trump no se mencionó el tema (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/13/readout-presidents-call-president-juan-manuel-santos-colombia), no deja de llamar la atención que Washington envíe este mensaje en momentos en que empieza el desarme de las Farc y que señale que entre las causas del aumento de los cultivos estaría el hecho de que el gobierno habría bajado presión en zonas de influencia de ese grupo para no afectar las negociaciones que culminaron en 2016 o que parte del problema se debe a la invitación de los frentes armados a los campesinos para que sembraran más con el fin de obtener beneficios del Estado como parte de los acuerdos en materia rural. También habría pesado en el auge cocalero, la suspensión de las aspersiones aéreas, tema que puede volver a resurgir si EE.UU. empieza a hacer presión como lo advierten quienes creen que los republicanos del Congreso podrían por esta vía debilitar el proceso de paz y condicionar los 450 millones de dólares de PazColombia para 2017.
Aunque habría que esperar cuál es el mensaje de Browndfield en su visita al país, la noticia de más siembras en el último año llega en el momento más inoportuno puesto que aún está en camino el desarrollo de la estrategia de Colombia de erradicar 100.000 hectáreas por medio de sustitución y erradicación manual y se intentan nuevas formas de darle manejo interno a este problema como los que adelanta el Ministerio del Postconclicto.
Pero el mensaje que pueda dejar no es solo para el Gobierno sino también para las Farc –catalogados por ese país como uno de los más grandes grupos de narcotraficantes–, que han adquirido el compromiso de ayudar en la erradicación de cultivos y que de esta manera empezarían a sentir una presión externa para que su ayuda vaya más allá de lo pactado con el gobierno. Lo grave para la paz, para las tareas que viene haciendo el país con sus políticas antidrogas, es que Washington pretenda volver al pasado sin que dé la oportunidad de demostrar que la disminución pasa por los acuerdos con la insurgencia.
caracol.com.co
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